En la oposición creen que el proyecto de ley que el gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso para eliminar los impuestos provinciales y municipales de las tarifas de servicios públicos no tendrá efectos en la práctica o directamente generará el efecto contrario al pretendido.

Fuentes de la oposición en el Congreso dijeron a LPO que el proyecto tiene un problema de base y es que el Estado Nacional no puede imponerles por ley a las provincias o los municipios qué tributos, tasas o contribuciones puede cobrar o no.

Lo que sí puede hacer Nación -explicaron- es disponer cuáles de esos tributos, tasas o contribuciones pueden ser incorporados en las facturas de servicios. Sin embargo, para eso no se necesita una ley como pretende un Ejecutivo y simplemente lo podría aplicar con una resolución del ente regulador.

La salvedad es que Nación no tiene competencia para hacerlo sobre todos los servicios públicos. Sí lo puede hacer sobre las tarifas de gas natural de todo el país, las de Aysa, y las de Edenor y Edesur. Pero no sobre el resto de las empresas provinciales porque no las regula como a las anteriores.

Por otro lado, desde la oposición advirtieron sobre la posibilidad de que esta ley termine generando un efecto contrario al buscado, es decir que las tarifas terminen siendo más alta que actualmente.

Esto es así porque las distribuidoras energéticas tienen lo que se llama "neutralidad fiscal", que implica que si les crean nuevos impuestos los pueden trasladar a los usuarios, incluyéndolos en las tarifas o en línea separada en la factura. Eso lo determina el regulador, que en general lo discrimina de la tarifa para que ésta quede más baja y quede en evidencia la carga tributaria.

El problema -según dicen en la oposición- es que si el Congreso saca esos tributos de las tarifas, las provincias o municipios van a intentar seguir cobrando igual esos impuestos a las distribuidoras. Si eso sucede (lo que es altamente probable), las distribuidoras van a reclamar al regulador que les aumente las tarifas para que la carga la sufran los usuarios, como hasta ahora. Es decir que tarde o temprano las tarifas quedarían igual o más caras que en la actualidad.

Las fuentes indicaron que lo único que podría realmente modificar sustancialmente la situación es una Ley Marco (que requiere la aprobación de las legislaturas provinciales) para determinar que cargas se le pueden cobrar a las prestatarias de servicios públicos.

"Ahora creen que la solución es resolver el problema con la plata de las provincias o de los municipios. Cómo si la carga impositiva fuese en todas las provincias la misma. Si dejamos solamente la solución del problema en la cuestión impositiva, y le sacamos recursos a las provincias, lo único que vamos a hacer es aumentar la brecha de desigualdad que ya existe. La falta de equidad en las tarifas no se resuelve bajando los impuestos", subrayó el diputado nacional Pablo Kosiner.

"Es muy fácil solucionar el problema con la plata de otros. Tiran soluciones que parecen mágicas ahora pero cuando en septiembre y octubre aparezcan nuevos aumentos de tarifas vamos a ver que no es la solución", puntualizó el jefe del interbloque Argentina Federal.