El proyecto de reforma constitucional que impulsa el gobernador Miguel Lifschitz entrará en la recta final esta semana cuando el mensaje del ejecutivo llegue a la Legislatura donde deberá reunir una mayoría especial para que prospere: 34 diputados y 13 senadores.

Todo indica que la Cámara de origen será la de Diputados donde el oficialismo cuenta con un núcleo duro de 25 legisladores y sondean voluntades en el interbloque peronista que en definitiva tiene la llave de la reforma aunque no descartan sumar también algún voto de Cambiemos.

En el Senado, dominado por el peronismo con 11 de las 19 bancas, la incertidumbre es aún mayor. La mayoría admitió estar a favor de la reforma y de la reelección del gobernador aunque patearon la pelota para adelante a la espera del congreso partidario.

Por ello, a modo de prólogo de lo que será la discusión en la Legislatura, Lifschitz se mostró con 250 intendentes y jefes comunales de distintos partidos que avalaron el proyecto oficial de reforma.

"Cada uno expresa con claridad, desde su lugar, las coincidencias en relación al impulso de la Reforma Constitucional en Santa Fe, provincia que, como ninguna otra, tiene una tradición constitucionalista" sostuvo el gobernador en su discurso.

"Queremos que le garantice a Santa Fe soberanía política, independencia económica y justicia social", indicó el socialista en un claro guiño a las banderas históricas del peronismo.

De hecho, el intendente de Gálvez, Mario Fissore, quien habló en nombre del Foro de Intendentes Peronistas subrayó: "Nuestro compromiso de ser partícipes de este proyecto, que seguramente va a ser el más trascendente del 2018".

Algunos intendentes justicialistas estaban tan entusiasmados con las palabras del gobernador que remarcaban la ironía de que sea Lifschitz quien impulse una reforma peronista.

Es que los mandatarios locales, sobre todo los jefes comunales, tienen un interés muy concreto en la modificación de la Carta Magna provincial ya que sus mandatos duran apenas dos años y la propuesta, que tiene apoyo unánime en todos los sectores, es que se extienda a cuatro años.

Por el lado de los intendentes subrayan los nuevos desafíos que tienen que afrontar en sus ciudades ocupándose de demandas que en la Constitución actual, que data de 1962, no contempla.

La "asamblea", como definió el gobernador al acto con los mandatarios locales, culminó con la firma de un acta donde los asistentes pusieron de manifiesto la voluntad de acompañar la reforma pocas horas después que Lifschitz reuniera a las máximas autoridades partidarias con representación legislativa para entregarles el proyecto.

En las próximas semanas se sabrá si el gobernador logra el quórum necesario para tratar la reforma antes de fin de año, los tiempos apremian.