La Cámara Federal porteña le aplicó un duro golpe al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno al revocar un fallo de primera instancia que lo había desligado de la manipulación de los índices del Indec.

El Tribunal revocó un fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral que lo había sobreseído, y volvió a procesar al ex funcionario por abuso de autoridad, manipulación de datos y violación de secreto estadístico del Indec, sobre todo por hechos que tuvieron lugar durante el 2007.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II del Tribunal, también revocaron el procesamiento de la ex directora del instituto Ana María Edwin; de la ex funcionaria a cargo del Indice de Precios al Consumidor Beatriz Paglieri; y de las ex funcionarias Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia.

Moreno "solicitó específicamente al Director del INDEC la entrega de la lista de comercios relevados por considerarla indispensable para el despliegue de su ‘acción de control'", remarcó el Tribunal en su fallo.

Incluso, al ser advertido que esa petición podía violar el secreto estadístico, el entonces secretario de Comercio Interior "lejos de conformarse con esa limitación intentó, por medios formales e informales, directa o indirectamente, acceder a esos datos, involucrando incluso a las máximas autoridades del Ministerio de Economía".

"Si tenemos en cuenta que de acuerdo a los propios dichos de Moreno, Paglieri era una persona de su confianza, que conocía hace años; que llegó junto a tres personas vinculadas a él -por haberse desempeñado bajo su órbita o tratarse de conocidos de militancia- y con expresas instrucciones de concentrar su gestión en los cuestionamientos que él hacía al IPC, plasmados en el memorándum que elevó a Felisa Miceli y que ella entregó a Paglieri como guía para su actuación en el INDEC", señaló el Tribunal.

Hace pocos días, Moreno fue procesado por Canicoba Corral por irrumpir en una asamblea del grupo Clarín en 2013, y el año pasado fue condenado a dos años y medio en suspenso por malversar fondos públicos para la compra de cotillón con consignas en contra del Grupo Clarín.