Cataluña
Alemania liberó al catalán Puigdemont y desairó a Rajoy
Pagó 75 mil euros de fianza. El Gobierno de Rajoy asegura que la justicia española "responderá".

La Justicia alemana ordenó hoy la libertad bajo fianza de 75.000 euros del ex presidente catalán Carles Puigdemont, tras descartar tramitar su extradición por un delito de rebelión, con lo que en caso de ser entregado a España, el líder secesionista sólo podría ser juzgado en su país por malversación de fondos públicos.

"Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos", fue el mensaje que tras la decisión judicial publicó el equipo de Puigdemont en su cuenta oficial de Twitter, junto con una foto del ex presidente con el dedo pulgar hacia arriba en señal de victoria.

No está previsto que el político catalán abandone la prisión de Neumunster hasta mañana, puesto que antes debe consignar la fianza.

El Gobierno de Mariano Rajoy filtró a los medios españoles que se muestra "convencido" de que la Justicia española "adoptará las medidas más adecuadas ante esta nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes en nuestro país". 

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, norte de Alemania, fue recibida como un importante triunfo por parte de los independentistas, ya que confirmaría que el delito de rebelión imputado por la Justicia española a la cúpula del proceso secesionista es desmesurado y, lo más importante, que no hubo violencia.

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, por su parte, negó que la resolución de la justicia alemana suponga un varapalo (golpe) para el Ejecutivo central de Mariano Rajoy, quien dejó en manos de los tribunales la repuesta al desafió secesionista.

"No es un revés, es la manifestación del funcionamiento con absoluta independencia (de la justicia) en todos los Estados de derecho", sostuvo Catalá, para luego advertir que era solo una "primera decisión", aunque la Fiscalía alemana no podría revertir la posición del tribunal.

La Sala Primera de lo Penal del tribunal aseguró que la extradición es "inadmisible" respecto a la acusación de "rebelión", mientras sí podría aceptarse la acusación de "corrupción", como malversación de fondos públicos, según un comunicado difundido por el tribunal al que tuvo acceso Télam.

Por otro lado, el tribunal afirma que el proceso de extradición sigue adelante puesto que no se aprecia que Puigdemont esté expuesto en España "al peligro de persecución política", como argumentó su defensa.

En caso de que Puigdemont sea finalmente extraditado a España, el líder del plan que llevó a la declaración unilateral de secesión de Cataluña del 27 de octubre de 2017 no podrá ser juzgado por el delito más grave -penado con hasta 25 años de prisión- que vértebra toda la causa que lleva adelante el Tribunal Supremo español.

El juez del Supremo Pablo Llarena ya advirtió que el delito de rebelión que se les atribuye a los dirigentes secesionistas es, según el Código Penal español, un delito colectivo y no puede dividir, de ahí que decidió retirar la orden de detención internacional y europea cuando existía el riesgo de la que la Justicia de Bélgica, país al que huyó Puigdemont hace cinco meses, pudiera también denegar su entrega.

Posteriormente, Llarena reactivó la orden europea de detención al confirmar el procesamiento de Puigdemont, quien fue arrestado el domingo 25 de marzo en una autopista en el norte de Alemania cuando viajaba desde Finlandia hacia Bélgica. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva.

El martes pasado, la Fiscalía alemana pidió que el ex presidente catalán fuera extraditado a España por rebelión y malversación de fondos, y que se lo mantuviera en prisión preventiva porque existía riesgo de fuga.

Al argumentar la solicitud, el Ministerio público alemán equiparó la rebelión con el delito de "alta traición" en Alemania, y justificó la violencia requerida para esa calificación afirmando que Puigdemont mantuvo la celebración del referéndum de secesión del 1 de octubre, "a pesar del riego a enfrentamientos violentos".

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein discrepa y sostiene que, "por motivos jurídicos", no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan" a Puigdemont "no serían punibles en Alemania según la ley vigente".

"El delito de alta traición no puede aplicarse porque carece del requisito de la "violencia", subraya el tribunal.

"De acuerdo con los principios establecidos por la Corte Federal de Justicia en un caso comparable, no es suficiente que un perpetrador amenace o use la fuerza", sino que se necesita que la violencia se ejerza con tal presión sobre el orden constitucional que impida una respuesta que la contrarreste, y ese no es el caso.

La noticia de la excarcelación del máximo líder secesionista desató una cascada de reacciones en España, desde expresiones de la alegría y satisfacción hasta la decepción y la crítica.

"En Europa parece que sí hay justicia", escribió en Twitter el vicepresidente de la organización soberanista Omnium Cultural, Marcel Maura, celebrando la decisión.

Los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) dijeron que queda demostrado que "el Estado (español) funciona como un aparato represivo en función de la ideología".

Marta Pascal, la coordinadora general del Partido Democrático Europeo Catalán (PDECat) de Puigdemont, subrayó que la justicia alemana "ve clara la desproporción e irracionalidad" de los delitos atribuidos a los independentistas.

En la vereda contraria, el líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol, expresó su respeto por las decisión, pero añadió que "hace falta vivir" en Cataluña "para entender lo que de verdad está ocurriendo".

En pleno revuelo por la excarcelación de Puigdemont, Justicia belga decidió mantener en libertad provisional a los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, sin entrar a valorar los delitos que se les imputan mientras tramita el pedido de extradición de España.

Entretanto, la inminente excarcelación de Puigdemont podría variar los planes de los secesionistas, que hoy anunciaron su intención de intentar volver a investir al preso Jordi Sánchez, amparándose en que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a España a respetar los derechos políticos del líder secesionista. 

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