María Eugenia Vidal tuvo que dar marcha atrás con el recorte de los subsidios a las escuelas de la Cruz Roja Argentina, luego de la presión del kirchnerismo y el massismo que le exigían que revea su decisión.

La semana pasada la Dirección General de Cultura y Educación había resuelto bajar a la mitad los aportes que le daba a la Cruz Roja para sus escuelas de voluntariado, una medida que enseguida trajo críticas por parte de la oposición.

Como contó LPO, legisladores de Sergio Massa y de Unidad Ciudadana le exigieron a Vidal que revea el recorte "arbitrario", por el que la Cruz Roja ya había anticipado que debería cerrar sus puertas en territorio bonaerense.

El presidente de la Cruz Roja, Diego Tipping, había dicho que el recorte era "ilegal" y que esperaba que Vidal se retractara, aunque la organización había intentado "desesperadamente" comunicarse con la Provincia pero no lo atendían.

Sin embargo, esta situación cambió hace unos días, cuando finalmente se concretaron algunas reuniones con funcionarios provinciales y llegaron el miércoles a un acuerdo para postergar un año la medida, hasta que puedan "reorganizarse" y afrontar sus gastos.

Desde el massismo, Malena Galmarini opinó que Vidal "se volvió a equivocar" y aseguró que "con el apoyo de muchos sectores la sociedad se logró frenar otro ejemplo de la política del ‘sí pasa, pasa'".

La refrente del Frente Renovador dijo que la Cruz Roja cumple funciones muy importantes en todo el país y tiene un rol de ayuda humanitaria central, activo en "comunidades vulnerables". "En la Provincia faltan profesionales que cumplan las tareas de hemoterapia, radiología y laboratorio, pero además genera profesionales ligados a la formación en primeros auxilios y a la gestión del riesgo en casos de emergencias múltiples. La Cruz Roja hoy ayuda a cubrir esas demandas", afirmó.

En ese sentido, denunció que de los 74 hospitales provinciales, 53 están en "grave estado" por falta de infraestructura, de equipamientos o de médicos -por bajos salarios y malas condiciones de trabajo-, y que además "suspenden pensiones a personas con discapacidad, quieren cerrar farmacias de barrio para hacer negocios, cierran escuelas y cierran instituciones de salud que forman a más de 6 mil futuros profesionales y más de 600 docentes".