El Ministerio de Energía difundió este martes el texto de la resolución que patea para enero de 2019 el inicio del pago -en 30 cómodas cuotas- de la deuda de 1.583 millones de dólares que mantenía con las petroleras por el programa Plan Gas del 2017.

"La decisión no cayó bien en la industria porque se come un año entero y encima va a pagar sin intereses", reconoció a LPO una fuente de la industria, que aceptó que al menos tras la publicación de este martes "ahora tenemos una certeza de cuando van a empezar a pagar".

El criterio del gobierno para patear un año entero el inicio del pago de una deuda del 2017 es puramente fiscalista o de maquillaje fiscal: el Ministerio de Hacienda no puede darse el lujo de cargar este ejercicio un gasto extra de unos 32 mil millones de pesos, si quiere cumplir con la meta fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores de la decisión.

El Plan Gas fue creado por el gobierno kirchnerista como un estímulo adicional a la industria para favorecer la producción local de gas, ya que exigía aumentar la producción para recibir el precio extra y en efecto fue exitoso en su objetivo. La actual gestión decidió discontinuarlo y ahora confirma la postergación del pago del último año que estuvo en vigencia.

Del monto adeudado, más de la mitad corresponde a YPF que arrastra una deuda de USD 792 millones, lo que agrava su ya de por sí muy complicada situación financiera.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó al pasar la semana pasada -durante el anuncio de la nueva tarifa del gas-, que este iba a ser el mecanismo de pago, pero recién este martes se publicó la norma.

De esta manera la cartera de Energía despeja el riesgo del inicio de alguna demanda por falta de pago, ya que el acceso a los planes de pago dispone que las empresas deben renunciar al derecho de interponer cualquier reclamo, incluido el pago de los intereses que no recibirán, un dato no menor en un contexto del alta inflación como el actual.

Además de YPF, en orden de magnitud los pagos, también se verán afectados el Grupo Pan American, con USD 162,9 millones; Total Austral, USD 159,54 millones; Wintershall Energía S.A., USD 120,8 millones; y Petrolera Pampa S.A., USD 90,9 millones.

Compañía General de Combustibles S.A. y Unitec Energy S.A. con USD 59,3 millones; Petrobras Argentina, Canadian Hunter Argentina S.A. y Atalaya Energy S.A., USD 57,6 millones; PBB Polisur S.R.L., USD 55,3 millones; Petrobras Operaciones, US$ 34,3 millones; Petrolera Entre Lomas S.A., USD 13,7 millones; y Sinopec Argentina Exploration and Production Inc, USD 12,6 millones.

Otros compromisos de menor monto se cancelarán con Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.; Apco Oil and Gas International Inc; Apco Austral S.A.; Northwest; Tecpetrol S.A.; Enap Sipetrol Argentina S.A.; Shell Capsa; O&G Developments Ltd S.A.; Mobil Argentina S.A.; Exxon Mobil Exploration Argentina S.R.L.; Petronas E&P Argentina S.A.; y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. 

La resolución transparenta el criterio fiscalista que predominó en la decisión, al señalar que  los pagos de los distintos planes de estimulo a la producción de gas "un esfuerzo financiero significativo del Estado nacional, que sumado a otros programas se tradujo en un fuerte crecimiento de los subsidios energéticos observado hasta el año 2015, y contribuyó al desequilibrio fiscal, que alcanzó hasta el 3,2 % del Producto Bruto Interno, antes de iniciar, en 2016, una progresiva disminución que continúa a la fecha".