La licitación de los parquímetros porteños está trabada en la Justicia y su implementación parece cada vez más lejana. El Gobierno intentó subsanar las irregularidades con una ley que envió a la Legislatura tres semanas atrás aunque, aseguran, fue retirada.

La normativa se aprobó con mayoría simple a fines de 2016 pero desde la oposición cuestionaron que ante la cesión de espacios públicos a privados la ley debió tener una mayoría agravada. Gustavo Vera presentó un amparo para frenar la licitación que fue aceptado por el juez en lo Contencioso Administrativo Francisco Ferrer.

El gobierno propuso avanzar con la licitación pero no adjudicar la concesión hasta que no hubiera sentencia firme. "Una sentencia firme puede tardar mucho tiempo, sería raro que saliera en menos de dos años", señaló Jonatan Baldiviezo, el abogado del demandante y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

En Ciudad aseguran que en octubre funcionará el estacionamiento medido en gran parte del territorio. Se trata de uno de los proyectos más impopulares de Horacio Rodríguez Larreta: si se cumple con el plan del gobierno, 10 mil de las 24 mil calles de la Ciudad tendrán una versión renovada de los parquímetros que permitirá pagar facturas y otros servicios.

En poco tiempo estaría lista la preadjudicación para las terminales multiservicio y en enero se publicó en el Boletín Oficial la el llamado a licitación para el servicio de control y acarreo. 

El Gobierno debe aclarar en la Justicia por qué pide el cierre de la causa y al mismo tiempo envía un proyecto para modificar la ley cuestionada.

"Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será indicada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las playas de remisión no formarán parte de la concesión", puede leerse en el expediente que aún no tuvo giro a comisión. 

Sin embargo en el gobierno juraron que el texto no tiene validez. "El proyecto hoy no tiene estado parlamentario. En su momento se ingresó y luego se consideró que lo mejor era retíralo", dijeron desde Parque Patricios sobre la iniciativa que llegó a la legislatura hace menos de tres semanas. 

El juez Francisco Ferrer, que tiene la causa, no piensa lo mismo y por eso esta semana le reclamó al gobierno que decida si considera constitucional o no la aprobación de la ley. "Corresponde señalar que aún se encuentra pendiente de despacho la presentación efectuada por el GCBA (...) en lo que respecta a la solicitud de dictado de la sentencia definitiva", puede leerse en el proveído que el juez envió a la Ciudad.

"Ahora bien, de la documental acompañada a fs. 391/397, cuyo traslado se ordenó en el punto II de la presente, surgiría un proyecto de ley modificatorio de la ley 5728 elevado al Presidente de la Legislatura por el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte con fecha 23 de febrero del corriente año. En consecuencia, confiérase traslado al GCBA para que en el plazo de dos (2) días formule las aclaraciones que estime corresponder", reclamó Ferrer.

Según pudo saber LPO, el oficialismo puede decidir no tratar la ley, pero nunca retirarla. "Por un lado decían que estaba todo bien, pero por otro lado mandan el proyecto a la Legislatura", cuestionó Baldiviezo. "Una ley posterior no puede subsanar una ley nula. Violaron el procedimiento de sanción. Eso se subsana cumpliendo el procedimiento, no dándole vigor a la ley y modificándola", consideró.

Mientras tanto hace 16 años que Dakota-STO y BRD-SEC tienen sus contratos vencidos pero pueden continuar sus operaciones gracias a sucesivas prórrogas votadas por la Legislatura y pagan cifras bajísimas por brindar un servicio que además de ser muy rentable, es de los más odiados por los vecinos.

A pesar de que es muy posible que las actuales concesionarias se queden con la futura concesión, desde la oposición cuestionaron que desde 2007 el oficialismo no hubiera podido darle un marco legal a la concesión del estacionamiento. "Si no lo hacen a propósito están haciendo muy mal las cosas", fustigaron.