El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, presentó hoy un proyecto de ley para reformar la ley de Etica Pública con el fin de que la Oficina Anticorrupción (OA) emita dictámenes previos a la asunción de los funcionarios designados, para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar al Estado nacional.

El diputado radical diseño esta iniciativa que modifica la ley 25.188 y que fue respaldada por el secretario parlamentario del bloque de la UCR, Luis Borsoni; el secretario general de la bancada, Miguel Angel Bazze, y la diputada Karina Banfi, quien se especializa en temas vinculados a transparencia.

Esta iniciativa fue presentada a pocos días de que el ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan se viera forzado a renunciar cuando el diario español El País informó que omitió incorporar a su declaración jurada una cuenta que tenía en un banco de Andorra y por el cual hoy la fiscal federal Alejandra Mangano abrió una investigación y lo imputó por presento lavado de dinero.

Negri señaló que con esta propuesta se puede "capitalizar la experiencia de la Oficina Anticorrupción para que su intervención sea temprana y de carácter preventivo, especialmente en materia de regulación de los conflictos de intereses".

"La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir", explicó Negri

El proyecto propiciado por Negri establece que, previo a asumir, los funcionarios deberán incluir en la declaración jurada "sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir".

De esta manera, la OA participará en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como jefe de Gabinete de ministros, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.

De acuerdo con el proyecto, "se tomará en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles"

"Con tal objeto, podrá también requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares", añade la iniciativa.

Tras reunir toda la información, la OA deberá realizar un dictamen -de carácter público- referido "a la eventual designación en el cargo del candidato o aspirante que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico".