Empleados de C5N adhirieron este miércoles a una medida de fuerza convocada por el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y el canal transmitirá enlatados al menos hasta las 12, hora en la que finalizará la protesta.

En medio de los preparativos por la marcha de Hugo Moyano, el canal se encontraba transmitiendo el programa ecológico "Alerta Verde", mientras algunos empleados del ex Grupo Indalo que pertenecía a Cristóbal López marchaban en la puerta de las oficinas de Ignacio Rosner, la cara más conocida de la nueva administración.

"Reunidos en Asamblea se propuso y se votó, por amplia mayoría, realizar una medida de paro para el próximo miércoles a partir de las 10:30 y hasta las 12:00 horas", comunicó el SAT hace unos días.

El paro ocurre en paralelo a la marcha que algunos empleados hacían en Puerto Madero frente a las oficinas de Rosner, a la que también adhirieron trabajadores de Ideas del Sur y de todo el ex grupo mediático de López.

Como publicó este miércoles La Nación, el ex Grupo Indalo suma problemas: la Justicia Penal recibió la primera denuncia contra los nuevos dueños del otrora imperio de López, que se encuentra a un paso de la quiebra.

Ahora, al igual que Cristóbal, Rosner también afronta una acusación por la presunta retención indebida de aportes previsionales. 

La denuncia fue presentada por dos periodistas de la emisora Radio Pop -que integra el grupo-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios los aportes previsionales y de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino. 

Eso configuraría un delito, que comenzó en 2014 bajo el mando de López, y se extendió hasta fines de 2017, cuando Rosner ya había asumido con las nuevas autoridades.

Como contó LPO, la situación del grupo es incierta, la detención de López complicó más la venta y ahora Rosner está asustado frente al complejo panorama, al pensar que él también podría terminar inmerso en un conflicto penal por haber sido parte de este proceso.

Según la denuncia que trascendió hoy, los denunciantes Héctor Rossi y Mayra Belén Martorelli alertaron que no serían los únicos afectados dentro de la radio. Detallaron que al menos otros seis trabajadores se encontrarían "en idéntica situación", que de confirmarse conllevaría una pena de entre dos y seis años de prisión para los involucrados.

Es que el ex Newman piensa que si para la Justicia hubo una venta simulada para evadir multas, embargos e incluso condenas por evasión, también él podría ser considerado un cómplice de la situación.

Mientras tanto, la situación en el ex Grupo Indalo es crítica: en los pasillos se rumorea que las nuevas autoridades dicen que no hay dinero y que podrían entrar en cesación de pagos.