Transporte15.01.2018
(0)guardarlectura zen
La decisión de levantar las cabinas para hacer autopistas abre un conflicto con el gremio de peajes
LPODicen que Vialidad no les garantizará los puestos de trabajo y toman a Saladillo como un caso testigo.

El ambicioso plan del Gobierno de construir autopistas y "rutas seguras" tiene como correlato la decisión de levantar las estaciones de peajes mientras se hagan las obras, lo que ya desató un importante conflicto con el gremio.

Como detalló LPO, la Rosada implementará el de Programa de Participación Público Privada (PPP) vial, que reunió a más de 200 representantes de 130 empresas para explicar cómo será la estructura jurídico-financiera de los proyectos en su primera etapa, en la que se construirán autopistas y "rutas seguras", con nuevas concesiones.

Ante este escenario, desde el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa) que conduce Sergio Sánchez dijeron a este medio que arrancaron una negociación en septiembre de 2017 con las autoridades de Vialidad, el Ministerio de Transporte y el de Trabajo para lograr un acuerdo sobre cómo serán los contratos de los corredores viales nacionales, que vencieron y tienen una prórroga hasta abril de 2018.

En Sutpa mencionan a Saladillo -donde sacaron la estación y 50 personas quedarían si empleo- como un caso testigo del conflicto que puede estallar en la construcción de otras autopistas

Las negociaciones empezaron porque el plan de Vialidad es que mientras haya obras ejecutándose, se levanten las cabinas de peaje y no se cobren, pero eso tiene un costo: los empleados del gremio se quedarían sin trabajo. 

"Levantamos cabinas de peaje pero las volveremos a poner una vez terminada la obra. Todos los pliegos tienen la exigencia de tomar a la gente actual, pero después serán decisión de la empresa los pasos a seguir", dijeron a LPO desde Vialidad, aclarando que su compromiso llega hasta ahí, porque los peajes no son de Vialidad sino de las empresas que tienen la concesión, ahora cambiarán. 

Para el gremio, la situación es incierta y denuncian que pese al "diálogo abierto" para evaluar cómo se soluciona el tema, después no habrá garantías y echarán a la gente al menos en el lapso de las obras. En este sentido, mencionan a Saladillo como un caso testigo que podría replicarse durante la construcción de otras autopistas.

Saladillo es el caso piloto porque el viernes pasado hubo una audiencia pública en el que se anunciaron las obras -que todavía no se han licitado- para convertir la ruta 205 en autopista y se anticipó que cuando se pongan en marcha se levantarán las cabinas de peaje hasta que estén concluidas, lo que pone en riesgo el empleo de 50 trabajadores.  

Por eso, en Sutpa toman a Saladillo como un caso emblemático de más conflictos que no tardarán en estallar. La concesión de la ruta Ezeiza-Cañuelas era de Cristóbal López y si bien en el sindicato reconocen que su estado era deplorable, temen que en la medida que se aplique este modelo sean cientos o acaso miles los trabajadores sin empleo. 

Por eso lanzaron un comunicado que además de apuntar contra el titular de Vialidad, Javier Iguacel, apunta contra la "complicidad" del intendente de Saladillo, José Luis Salomón, en este acuerdo y se quejan de que accedió a que se "municipalice" el control y mantenimiento de esa vía. 

Es que del total de obras anunciadas para la primera etapa, unos 1.300 km se construirán bajo la modalidad de "ruta segura", que en Sutpa dicen que implica que el Estado le quitará la obligatoriedad de la Seguridad Vial, como la que prestan actualmente las Concesionarias Viales, y se la trasladará a los municipios, en beneficio de las empresas privadas. 

El argumento del gremio contra Vialidad es que incumplieron lo charlado en la instancia de diálogo en su resolución de sacar esa estación de peaje. Sin embargo, desde Sutpa no hablan de una propuesta concreta que se haya negociado con el Gobierno para sostener los puestos de trabajo, aunque hablan de que es necesaria una "transición seria" de la actividad: "No podemos permitir que el Estado de un día para el otro quiera volar todos los peajes para hacer política".

"Los resultados de los consensos a los que llegamos por este medio deben traducirse en los pliegos que Vialidad Nacional dará a conocer luego", dijo Sánchez a LPO y advirtió que en total hay 2.500 empleados de peajes, que de repetirse este mecanismo quedarían sin su fuente de trabajo. 

Se especulaba con que Vialidad podría absorber a estos empleados, pero desde la dirección de Iguacel negaron esa alternativa y en el gremio aclaran que tampoco están de acuerdo con que los recategoricen o los cambien de sector, porque sería una forma encubierta de precarización laboral.

"Estamos de acuerdo en las obras, en que se avance, pero queremos que se lo haga con la gente adentro", insistió Sánchez y vislumbró un conflicto que promete seguir en con el avance de las obras.


Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.