Los 23 trabajadores de la aceitera Oleaginosa Huanguelén de Bolívar fueron despedidos. La fábrica no cerró y está paralizada: mientras que los trabajadores denuncian que la medida es un modo de "apriete" en un conflicto que se incrementa desde hace años, desde el municipio aseguran que intervienen "activamente" para que no se pierdan fuentes de trabajo, pero aún no hubo avances en la negociación. 

En diálogo con LPO, el intendente en uso de licencia Bali Bucca aseguró que está en pleno en contacto con los trabajadores y que se reunió con ellos en los últimos días. "Estamos haciendo todo lo posible para destrabar el conflicto", afirmó.

Los trabajadores fueron recibidos el 30 de diciembre -un día después de que se comunicaran los despidos- por el actual intendente, Marcos Pisano, quien también les prometió que se pondría a su disposición para "bregar en la búsqueda de una solución" al conflicto.

Sin embargo, aún no se pudo destrabar. En rigor, si bien desde el gobierno municipal manifiestan preocupación por una situación que afecta a "vecinos bolivarenses", también aclaran que se trata de un conflicto entre privados en una empresa en la que el Estado no tiene participación.

En ese sentido, deslizan que se trata de una industria que no está atravesando una situación de crisis por problemas en la producción, los costos o precios, sino que se trata de conflicto con una empresa en particular en el que ya comenzó a intervenir el Ministerio de Trabajo de la Provincia para "acercar a las partes". 

Por eso, se encargan de diferenciarlo del caso de la planta estatal de Fabricaciones Militares en Azul (Fanazul) en la que hay unos 220 despidos y compromete al gobierno de modo directo. 

Sin embargo, los trabajadores se quejan de que es un conflicto que se incrementó con el tiempo y hasta ahora no habían sido atendidos por las autoridades.

Ellos describen que la oleaginosa procedente de Huanguelén se radicó en Bolívar a mediados del año 2005 y actualmente se encuentra en concurso de acreedores, por lo que atravesó a lo largo de 2017 algunos conflictos laborales motivados en demoras en la cancelación de salarios y aguinaldos.

Durante el primer trimestre del año pasado realizaron una medida de fuerza, encabezados por su delegado gremial Juan Lupardo, que terminó en marzo con un acuerdo. En ese escenario, dicen que recibieron "aprietes" para obligarlos a una conciliación obligatoria y hacerlos perder sus derechos laborales adquiridos en los últimos 13 años.