El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) enumeró las irregularidades del operativo de seguridad desplegado mayormente por la gendarmería y la policía federal en el Congreso, durante la fallida sesión para sancionar la reforma previsional. 

El organismo alertó sobre la inexistencia de protocolos que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, lo que genera una peligrosa autonomía del poder político y deriva en "cacerías policiales" con el único objetivo de intimidar a los manifestantes y limitar el derecho a protesta. 

"Frente a la proliferación de los reclamos, el gobierno decidió sitiar con fuerzas de seguridad el centro de la ciudad, de manera de colocar a los participantes en una situación de vulnerabilidad desde antes que la manifestación comenzara. Se trató de un operativo desproporcionado y violento que buscó intimidar, reprimir y castigar el ejercicio del derecho a la protesta", señala el informe que el organismo difundió este sábado.

Y destaca el ataque a trabajadores de prensa, en muchos casos víctimas de la represión mientras registraban imágenes de los operativos. "Las fuerzas de seguridad buscaron limitar el trabajo periodístico con disparos y bloqueos para que no se tomaran imágenes de las detenciones ni de los heridos", señala el informe.

En efecto hubo numerosos casos de ataques con gas pimienta y hasta balas de goma contra fotógrafos y camarógrafos que se habían identificado de manera correcta, como ocurrió con el fotógrafo Pablo Pirovano de Página 12 que recibió diez balazos de goma en el pecho.

Este accionar ilegal de las fuerzas de seguridad recibió condenas y manifestaciones de preocupación de todas las organizaciones periodísticas, entre otras Adepa, Fopea y Sipreba.

El fotógrafo de Página 12, Pablo Pirovano, recibió más de diez balazos de goma.

Télam

"Este tipo de intervención policial es contraria al derecho a difundir y a producir información y una limitación al control de la actuación policial", denuncia el CELS.

Y recuerda que este año fue un "patrón de conducta" de la Policía de la Ciudad, con "amenazas o detenciones arbitrarias contra personas que los grabaron en las calles o en el transporte público".

Las redes sociales se inundaron de imágenes con policías bañando de gas paralizante a reporteros gráficos. Otra irregularidad reiterada fue la detención de gente que simplemente quedó en medio de corridas de las fuerzas de seguridad, que en algunos casos atacaron directamente a personas que estaban paradas mirando lo que ocurría.

 Esto abrió paso a otra situación que motivó al preocupación de distintos organismos de derechos humanos, la demora de las autoridades en dar información sobre el paradero de los detenidos y ponerlos a disposición de la justicia. Así como la apelación al delito federal de "intimidación pública", caracterizado por el CELS como "una novedad entre las prácticas de criminalización" de la protesta.

Muchas de estas detenciones se viralizaron como ocurrió con el caso de una chica que estaba tranquilamente parada en la calle, cuando se la llevaron efectivos de Gendarmería.

El CELS incluso destaca en su informe un cambio de actitud de la Policía de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta, que durante 2016 evitaba chocar con los manifestantes, "pero a partir de marzo de 2017 se adecuó al discurso y a las prácticas intimidatorias promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional". La policía porteña, como reveló LPO, estará a cargo en soledad del operativo el lunes.

Pero el organismo se muestra más preocupado aún por el operativo en conjunto de la Gendarmería y las otras fuerzas (hasta hubo presencia de la policía aeronáutica) "que estaba dirigido a impedir que los manifestantes llegaran a las vallas y a reprimir como mensaje intimidatorio. No hay ninguna otra explicación para el armado de un operativo de estas características", remarca.

"Hubo disparos de balas de goma indiscriminados y al cuerpo, los gases lacrimógenos se utilizaron sin ninguna precaución, lo mismo ocurrió con el gas pimienta que fue utilizado de manera abusiva", enumera el informe.

Y en la cacería podía caer cualquiera. Hay imágenes con transeúntes detenidos mientras tomaban mate en la calle y ancianos que estaban de paso. 

No se salvaron ni los diputados del Frente para la Victoria y otros como Victoria Donda (Libres del Sur) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita), heridos en enfrentamientos con gendarmes. Donda fue a sesionar en muletas, porque ya un día antes había sido reprimida, cuando se intentó montar carpas frente al Congreso en una vigilia de protesta.

Los efectivos carecían de un protocolo para identificar a los diputados y por lo tanto los reprimieron como a cualquier particular.

Queda claro cuando Mayra Mendoza y Horacio Pietragalla son víctimas de gas paralizante. Su par Matías Rodríguez quedó inconsciente tras recibir un golpe en la cara, mientras intentaba mostrar su credencial. Esto provocó que este viernes Donda y la diputada Graciela Camaño anunciaran que pedirán el juicio político de Patricia Bullrich.

El momento en que efectivos de la Policía Federal rocían con gas pimienta a la diputada Mayra Mendoza.

Agencia Fotosur

El CELS llama la atención al silencio del Ministerio de Seguridad, que aún no dio explicaciones sobre lo ocurrido y recuerda que ante reproches similares, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suele excudarse afirmando que los efectivos a su cargo actúan como "auxiliares de la justicia".

"La intervención de las fuerzas federales en el operativo del 14 de diciembre es una muestra de que la intervención es en carácter de sus tareas de prevención y que la intervención judicial se da ex post", destaca el CELS.

"En consecuencia, actuaron bajo el mando, pautas de actuación y directivas del Ministerio que se ha decidido no dar a conocer", concluye el organismo.