El jueves pasado, durante la última sesión ordinaria de la Legislatura de Santa Fe, se aprobó una batería de leyes sobre distintos temas que obligó a los diputados y senadores a extenderse en una sesión maratónica, un clásico de fin de año en los cuerpos legislativos.

La sorpresa fue mayúscula cuando los fiscales y fiscales adjuntos se enteraron que entre el paquete tratado se aprobó la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación donde, principalmente, modifica el mecanismo para remover fiscales y defensores públicos.

Según el texto aprobado, el fiscal general, los fiscales y fiscales adjuntos "podrán ser removidos de su cargo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño o comisión de delito doloso".

A su vez, estipula que la remoción "se decidirá por el voto de la mayoría absoluta" de las dos Cámaras mientras que la suspensión "se resolverá por el voto de la mayoría simple" mientras que la Comisión de Acuerdos se reserva el rol de acusador.

Con esta reforma, la remoción de los funcionarios judiciales pasa a depender de las mayorías legislativas, una clara sujeción del Poder Judicial al político de las figuras protagónicas del nuevo sistema acusatorio que rige en Santa Fe y que fue bandera del socialismo.

La medida generó preocupación e incertidumbre en el Ministerio Público de la Acusación y en el de la Defensa ya que se relega al Tribunal de Disciplina vigente integrado por un representante del Colegio de Abogados, un senador, un diputado, un fiscal regional y el Fiscal General que garantizaban el debido proceso con criterios objetivos mientras que la acusación era impulsaba por la Auditoría General de Gestión.

Funcionarios judiciales que pidieron reserva de sus nombres, indicaron a La Política Online que la nueva ley contradice los principios establecidos por Naciones Unidas que en sus "Directrices sobre la función de los fiscales" sostiene que "tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente".

"Esto es un atentado directo contra el buen funcionamiento del nuevo sistema judicial de la provincia" afirmó un funcionario del MPA en diálogo con LPO quien explicó que "como en cualquier institución, cuando hay un entorno razonable de trabajo se logran buenos resultados pero si generamos un entorno hostil, donde las medidas judiciales se subordinan a la política, es peligroso".

Por otro lado, en la justicia recuerdan que "no hay un contexto preocupante de casos serios de corrupción fiscal que no se investigan, todo lo contrario, los pocos fiscales cuestionados están sumariados, con causas penales o directamente separados de su cargo".

Ahora, los fiscales piden que el gobernador Miguel Lifschitz tenga la voluntad política de vetar la ley. "Es la única medida que puede remediar esta situación" sostienen y respaldan sus críticas en los comunicados emitidos por el Consejo de Procuradores y Fiscales de la Nación, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y del Colegio de Magistrados de Santa Fe (ver recuadro) quienes coincidieron en la desaprobación de las modificaciones.

Tratamiento exprés

El proyecto fue ingresado el mismo jueves por la noche y ni siquiera integraba el listado de sobre tablas. Sin mayor discusión se terminó aprobando por casi todos los legisladores presentes. El único diputado que se negó a votarlo fue el peronista Leandro Busatto quien consideró, en diálogo con este portal, que "esto es una aventura jurídica política" del oficialismo.

"Es una consecuencia directa del Pullaro Gate" sostuvo en relación a las escuchas judiciales que comprometieron al ministro de Seguridad de Lifschitz cuyos fiscales fueron desplazados de las investigaciones. "Hay una ruptura simbólica y efectiva del Ministerio Público de la Acusación como se lo pensó".

Por su parte, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, explicó a LPO que según lo que se había informado en Labor Parlamentaria, la Legislatura solo iba a entender en la remoción del Fiscal General "que es el que controla la labor de los fiscales ordinarios".

Sin embargo, el texto de la ley es claro y para la remoción de los fiscales y fiscales adjuntos, estipula "el mismo procedimiento y por las causales previstas en esta ley para la remoción del Fiscal General".