La Cámara de Diputados aprobó este mediodía la ley de defensa de la competencia, conocida como ley anti monopolios, impulsada por Mario Negri y Elisa Carrió para combatir los casos de concentración de mercado o posición dominante.

Pero Cambiemos tuvo que aceptar dos cambios propuestos por el Frente Renovador: las fusiones de empresas deberán informarse cuando superen las 100 millones de unidades móviles (2000 millones de pesos aproximadamente) y los 5 miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia los propondrá el Gobierno, pero tendrán acuerdo del Senado. Además, deberán acreditar su historia comercial para evitar casos de conflictos de intereses.

Carrió y Negri bregaron por esta norma el año pasado, pero recién tras el triunfo de Cambiemos en las legislativas la activaron en la Comisión de Defensa de derechos de Usuarios y Consumidor, presidida por la massista Liliana Schwindt.

"Le voy a pedir al oficialismo que designe un miembro informante, porque son los impulsores de esta ley", exigió Schwindt, ni bien expuso el proyecto, que fue aprobada con 140 votos a favor y 72 en contra, la mayoría del Frente para la Victoria.

Tuvo que aparecer Negri. La ley es un aporte sustancial a la transparencia de los mercados y va a buscar terminar con la cartelización, que es la peor enfermedad que termina ahogando al consumidor", celebró. Carrió nunca llegó, molesta por la última sesión que terminó antes de lo previsto por su pelea con la oposición

La Autoridad Nacional de la Competencia será un organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo e intergado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.

La Autoridad de la Competencia tendrá cinco miembros, nombrados por acuerdo del Senado, que podrán sancionar casos de concentración y posición dominante. Inspeccionará fusiones de hasta 2000 millones de pesos. 

Deberá detectar y sancionar casos de concentración o posición dominante que afecten al mercado. Las multas podrán alcanzar el doble del monto del beneficio obtenido por el ilícito detectado, el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico, siempre hasta 200 millones de Unidades Móviles, o sea, 4000 millones de pesos.

La idea, repetían sus promotores, no será impedir operaciones comerciales por su volumen sino detectar casos de monopolios que repercutan en el desarrollo del mercado, que suelen derivar en precios más altos.

Por eso también se agregó que la ley abarca a "personas humanas o jurídicas de carácter público o privado". Por pedido de Mario Quintana, la ley incorporó un Programa de Clemencia que exime de sanción a un empresario carterizador arrepentido y reduce la multa entre el 20% y el 50% para otro miembro de su banda que aporte datos.

Pero ignoró la ley de góndolas pedida por el massismo para seguir los precios de la comida. Como consuelo, crea una comisión que trabajará en una norma por el estilo, denominada Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, que deberá garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores".

El kirchnerismo salió al cruce de la norma y Máximo Kirchner recordó que el texto original de Carrió era mejor. "El Gobierno desarticuló un paquete de proyectos de ley que se sancionaron en 2014 y que estuvieron relacionados en la defensa de los consumidores y usuarios".