La Comisión de Comunicaciones de Diputados dictaminó este miércoles a favor del proyecto que desliga responsabilidad a proveedores de "enlace y búsqueda" de internet sobre los contenidos alojados, conocida en el Congreso como la "ley Google".

Ocurre que su origen es el reciente fallo de la Corte Suprema a favor del buscador más grande del mundo y de Yahoo, en un juicio iniciado por la ex modelo Belén Rodríguez por viralizar una página web que la presentaba como prostituta.

Rodríguez logró un fallo a favor en primera instancia en 2006 pero los buscadores apelaron, llegaron en 2012 a la Corte Suprema y dos años más tarde consiguieron un fallo a favor.

Con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni, el máximo Tribunal exigió cubrir el vacío legal y la senadora Liliana Fellner, del PJ, logró aprobar una ley que ahora Diputados dictaminaron y dejó lista para sancionar.

El proyecto establece que los proveedores de servicio de enlace o búsquedas no son responsables de los contenidos. Pero deberán eliminarlos si alguien se considera afectado en su honor. 

En su artículo 4, el proyecto determina la "exención de responsabilidad" a los "proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet" por "los daños y perjuicios generados por el enlace o búsqueda de contenidos alojados en sitios de terceros".

Pero los obliga a eliminar esos contenidos si un particular los encuentra "aparentemente ilegítimos", esto es, que "importen eventuales lesiones al honor, a la intimidad, a la imagen o a cualquier otro derecho".

Los afectados podrían ir a la justicia o a un banco de denuncias de los proveedores, que así evitarían resolver este tema en tribunales. Sólo si ignoran estas comunicaciones, un caso como el de Belén Rodríguez podría avanzare judicialmente.

Con el fallo de la Corte como referencia obligada, el dictamen fue firmado por unanimidad y en Cambiemos insisten en que no se la puede llamar ley Google. "Argentina tiene cooperativas que proveen internet, como en el Partido de la Costa, que podrían sufrir un juicio y no tener recursos para defenderse", diferencian.

Juan Brügge, de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Comunicaciones advirtió sobre "problemas interjuridiccionales ya que muchos proveedores tienen sede en otros países para accionar legalmente. Hay que dar un debate sobre una gran ley en donde se prevean otros mecanismos de Internet", planteó. Sería el año que viene.

"Esta es una iniciativa que respeta todos los estándares internacionales en derechos humanos. Es un paso gigante que estamos dando y con un marco legal específico", celebró la radical Karina Banfi.

Curioso: sus correligionarios Jorge D'agostino y Brenda Austin fueron los únicos que plantearon objeciones. No serían tomadas en cuenta.