Los proyectos para promover la industria naval y la marina mercante, prometidos durante décadas en el Congreso, obtuvieron dictámenes en la Cámara de Diputados con apoyo de todas las fuerzas aunque sufrieron una correcciones de último momento que achicaron los beneficios previstos originalmente. 

Según la versión final, habrá un plazo de diez años para aplicar beneficios tributarios, que consistirán en subsidiar el 50% del impuesto a los combustibles y suspender por cuatro años el impuesto a la importación de nuevas embarcaciones.

El objetivo será generar "nuevas fuentes de trabajo, promover e incentivar el diseño y la ingeniería de puertos" y "crear una Marina Mercante de bandera nacional y rehabilitar la industria naval mediante incentivos estatales". 

Pero lejos quedaron los cuantiosos subsidios planteados en los proyectos originales al impuesto a las Ganancias, para afrontar la competencia de barcos extranjeros que navegan por el interior del país. "De que sirve cobrar impuesto a una actividad que muere", repetían los sindicatos, sin muchos resultados.  

El acuerdo se alcanzó en un plenario de Presupuesto e Intereses Marítimos Fluviales y Pesqueros, que había emitido dictamen hace un mes pero fue anulado por Emilio Monzó, por considerar que no tenía quórum.

El presidente de la Cámara soportó varias cuestiones de privilegio por esa medida y esta tarde su bloque cerró la paz con consenso que no convenció a muchos, pero se vivió como un éxito a la insistencia.

"El proyecto es sostén del trabajador y de las pymes, a las que reivindicamos para la recuperación de esta industria", celebró Julio Solanas, del FpV-PJ, presidente de Intereses Marítimos.

"Potenciamos las economías regionales", se sumó Gustavo Martínez Campos, del Frente Justicialista, uno de los impulsores de la ley. Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita dijo que somos el país de la hidrovía y auguró por volver "a la construcción y desarrollo de esa industria en el litoral". No fue una cita más: por ese curso llegan barcos de Paraguay, según los gremios, favorecidos por los bajos impuestos de su país. 

Daniel Lipovetsky, presidente de Legislación General, expresó su satisfacción por los consensos logrados, dijo que "son leyes de verdadera política industrial" y subrayó que "primó la voluntad política".  

El proyecto sería tratado en la sesión del 22, cuando se esperan tratar decenas de iniciativas demoradas en el año electoral.