A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe explicó los pasos procesales que cumplió el magistrado Nicolás Falkenberg quien, a pedido de la fiscal María Laura Martí, habilitó las escuchas de cinco líneas telefónicas, una de ellas perteneciente al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Martí estaba investigando presuntas irregularidades en la administración de las horas OSPE (horas extras de la policía) por lo cual solicitó al juzgado las escuchas "con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la Administración Pública y falsificación de documento público" según explican los jueces en el comunicado.

Falkenberg antes de conceder autorización le pidió a la fiscal que amplíe los motivos concretos del procedimiento a lo que Martí considera que son "relevante para la causa, datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que -además de su importancia per se- revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso".

Además, subraya "la necesidad de aprovechar la fluidez en las comunicaciones, es imprescindible para continuar con la investigación, como así también establecer la titularidad de las mismas..." aclara el parte de prensa firmado por ocho jueces santafesinos.

Con esos argumentos, el doctor Falkenberg habilitó las escuchas y se prosiguió con la investigación sin conocer la titularidad de cada línea aunque, el mismo comunicado de los jueces advierte que:

"De lo expuesto surge que la peticionante consignó desconocer la titularidad de los abonados cuya intervención peticiona, situación ésta que no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a tales fines".

Además, alerta sobre "la utilización de contactos políticos para que los acusadores públicos recibamos una advertencia por parte de las autorizaciones" lo que alimentó las sospechas de injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial.

Tal como informó LPO, Pullaro se vio envuelto en un escándalo de magnitudes cuando comenzó a ser investigado por presunto cohecho pasivo para favorecer a un comisario en el concurso de ascenso. Resultado de las escuchas, se detectó conversaciones con el titular de la Fiscalía General, Jorge Baclini, donde funcionarios judiciales interpretaron que se estaba violando la independencia de poderes.

En otro comunicado, firmado por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, manifestaron "nuestra profunda preocupación por las declaraciones que son de conocimiento público relacionadas a actuaciones de Fiscales en ejercicio de sus funciones en relación a investigaciones llevadas adelante por posibles casos de corrupción"

En el mismo aclaran que "la función de los Fiscales, únicos titulares de la acción penal pública es investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo, a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal" agregando que las intervenciones telefónicas "se realizan con suficientes fundamentos legales"

Es que en su defensa, el ministro Pullaro en conferencia de prensa puso en dudas la legalidad de las escuchas: "quiero saber si las escuchas son legales. Si lo fueron, quiero conocer los fundamentos. Si fueron ilegales quiero ver presos a los responsables".

Además, apuntó a sectores de la policía que "hace meses quieren frenar las políticas de reforma que está depurando nuestra policía y que poco a poco comienza a mostrar resultados, por ejemplo hoy tenemos 110 homicidios menos que el año pasado".

Respecto a la conversación con los fiscales, Pullaro adujo que "es mi obligación cuando tengo un policía involucrado en una causa llamar a la fiscalía, con más razón si se trata de un jefe policial, y más todavía si la causa la inició el Ministerio de Seguridad. Yo sabía que las imputativas por la causa Ospe serían a fin de año".

Quien aumentó la temperatura de confrontación con el Poder Judicial fue el ministro de Justicia Ricardo Silberstein quien afirmó que el juez que autorizó las escuchas "sufrió estafa procesal" de parte de los fiscales. Las declaraciones cayeron como una bomba en el Ministerio Público de la Acusación y en la mayoría de los juzgados santafesinos.