En plena negociación por el presupuesto 2018, el bloque Cambiemos en la Cámara Baja bonaerense muestra tensiones internas y diputados cercanos a María Eugenia Vidal salieron a despegarse de un proyecto que elimina la feria judicial en la provincia.

La cuestión es que el autor de ese texto es el diputado Guillermo Castello, quien integra la bancada oficialista y que responde directamente a Elisa Carrió.

Castello había ingresado el proyecto en febrero y desde entonces duerme en las comisiones de trabajo, pero lo reflotó esta semana después del reproche de Mauricio Macri a la Justicia por sus horarios de trabajo, vacaciones y salarios.

"Desde el bloque nos despegamos completamente de ese proyecto. Es una iniciativa a título personal, no es algo que acompañemos desde nuestra bancada", dijo a LPO un diputado de Cambiemos con poder de decisión dentro de la Cámara y que pidió reserva de su identidad.

En su primer el artículo, el proyecto elimina la feria judicial en el ámbito provincial. En el segundo, elimina la potestad de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para determinar la feria judicial y la reduce a "disponer asuetos judiciales cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija". En el tercero, cuarto y quinto, borra todo vestigio de la feria judicial de los códigos procesales Civil y Comercial y Penal provinciales.

El diputado sostiene que entre feriados, asuetos y recesos, la Justicia sólo trabaja 190 días al año. Según explica, a los 45 días de feria judicial, debe agregarse además momentos de "cuasi feria" en los que la actividad judicial se resiente sustancialmente en los días anteriores e posteriores al receso.

Castello puntualiza además que, a diferencia de otros países, los tribunales no abren los sábados y que tienen un horario de atención al público reducido en relación al sector privado. Según el diputado la Justicia tiene una carga de 30 horas semanales contra 40/48 de las entidades privadas. En síntesis, un 25 % a un 37,5 % menos a lo que se deben agregar los feriados nacionales y locales, que significan dos semanas menos de actividad.

A fines de enero, cuando Castello remitió el texto a la Legislatura también el gobierno había cuestionado al Poder Judicial. Por entonces, desde el ministerio de Justicia habían filtraron la idea de suprimir la feria. El ministro, Germán Garavano, ya había ensayado esa experiencia cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones.