El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex ministros se entregaron el domingo a la Policía en Bruselas, acompañados por sus abogados, y pocas horas después lograron quedar en libertad vigilada hasta que la Justicia belga decida si deben ser entregados a España. 

Puigdemont y sus ex colaboradores -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- prestaron declaración durante cuatro horas en una audiencia celebrada en la sede de la Fiscalía de Bruselas y se retiraron juntos en un vehículo. Los cinco permanecerán en libertad condicional mientras dure el proceso judicial abierto a raíz de la orden de captura de la Justicia española por "rebelión, sedición y malversación".

A pesar de que el juez belga podía ordenar su encarcelamiento hasta que se defina el proceso, les concedió la libertad condicional y les impuso la obligación de no salir del país y presentarse ante el tribunal que tramitará su extradición dentro de los próximos 15 días. 

 Ese proceso puede durar entre dos y tres meses por lo que el líder independentista estará en libertad cuando se realicen las elecciones en Cataluña, el 21 de diciembre. Puigdemont anunció días atrás que está dispuesto a ser candidato y seguramente tendrá un papel activo en la campaña.

"En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática", escribió en Twitter el ex presidente catalán en referencia a sus ex compañeros de gobierno detenidos en España.

La ex consejera de Agricultura catalana Maritxell Serret, una de las afectadas por esta decisión, también reaccionó en Twitter desde Bruselas: "En Bélgica nos dan libertad sin fianza, mientras en España estaríamos en prisión", dijo. 

La decisión de la justicia belga fue recibida con "respeto" por el gobierno español de Mariano Rajoy. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se limitó a remarcar el "máximo respeto" del gobierno español "a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los Estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial".

Ninguno de los cincos líderes independentistas catalanes había hablado con la prensa antes de entregarse en una comisaria de Bruselas, sin embargo, tanto la prensa local como la española aventuró que buscaron evitar la imagen de una detención, una opción que se parecía inevitable hoy si Puigdemont y sus ex consejeros no se presentaban voluntariamente.

Si el juez acepta la orden de captura y entrega de la Audiencia Nacional española, los plazos dependerán de los detenidos. Según la legislación europea, si los detenidos aceptan ser entregados, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento. Hasta ahora Puigdemont ha asegurado que no existen "garantías" en España para su proceso.

En cambio, si los detenidos se niegan a la extradición, el país ejecutor -en este caso Bélgica- tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90.

Pero en Bélgica los plazos judiciales son más cortos. Incluidas las apelaciones, hay sólo 45 días para todo el procedimiento, informó la Fiscalía General belga.

Ambos plazos máximos entran en conflicto con el proceso electoral abierto por la intervención de Cataluña ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y ratificada por el Senado español para frenar el proceso independentista.

Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos, incluidos sedición, rebelión y malversación, acusaciones que nacen con el proceso independentista que impulsó el destituido gobierno catalán hasta declarar un estado republicano que duró apenas unas horas el 27 de octubre, hasta que Madrid dictó la intervención de Cataluña,

La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel. El ex vicejefe del gobierno regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros quedaron detenidos el jueves pasado tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza. 

Las encuestas

Rajoy convocó las elecciones regionales para el 21 de diciembre tras destituir al gobierno de Puigdemont y tomar las riendas sobre la región autónoma en reacción a la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán del 27 de octubre.

Según una encuesta de GAD3 con 1.233 personas realizada entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre y publicada el domingo en el diario catalán La Vanguardia, los partidos proindependentistas ERC, PDeCAT y CUP obtendrían entre 66 y 69 escaños de los 135 escaños del Parlamento catalán.

Una segunda encuesta realizada durante el mismo período para el diario conservador La Razón estuvo muy en línea con la de GAD3, al mostrar que los partidos proindependentistas ganarían las elecciones, pero lograrían solo 65 escaños, quedando ligeramente por debajo de la mayoría absoluta.

La participación de votantes, sin embargo, aumentaría a un récord del 83 por ciento, mostró la encuesta GAD3.