El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana en su departamento de Puerto Madero por orden del juez federal Ariel Lijo, quien lo acusa de intentar entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita.

Así se desprende del expediente en el que Boudou es investigado por el delito principal de "enriquecimiento ilícito". Junto con el ex vicepresidente también fue detenido su ex socio José María Nuñez Carmona.

Boudou fue detenido alrededor de las 7 de la mañana por efectivos de la Prefectura Naval en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero y fue trasladado alrededor de las 9 a una sede de la fuerza en Retiro. 

El operativo pareció incluir cierta intención humillante, ya que desde ámbitos oficiales se filtraron imágenes en las que se lo ve descalzo, despeinado y en jogging, mientras le leen sus derechos. 

Boudou fue detenido a las siete de la mañana en su departamento de Puerto Madero y se filtraron las fotos y filmaciones en las que se lo ve descalzo, despeinado y dormido, en jogging.

Eduardo Durañona, abogado defensor del ex vice, se mostró "sorprendido" por la detención "en una causa de tantos años", en la que no está procesado. "Pidió autorizaciones para salir del país y la Cámara se lo concedió porque no había posibilidad de obstaculizar la causa o de profugarse", remarcó el letrado.

En sus argumentos para justificar la detención, Lijo sostuvo que Boudou podría mantener "relaciones residuales" con personas con "poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso". "Por el lugar que ocupaba en el Estado Nacional (...) posee la información relevante, los contactos y la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional", agrega. 

 Lijo citó a declaración indagatoria, sin ordenar su detención, a Agustina Kampfer, ex novia de Boudou; al supuesto testaferro del ex vicepresidente, Alejandro Vandenbroele; y a Juan Carlos López, un colaborador. Kampfer sólo está acusada de lavado de activos y no como integrante de la asociación ilícita. 

Según afirma el juez en la orden de detención, la asociación ilícita actuó "por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Boudou asumió como ministro de Economía hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente". Lijo habla de un "intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior, y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios efectivos".

El juez también desaprobó el "blanqueo" de 2009 al que se acogió Boudou y que fue propiciado por el gobierno de entonces a través de la AFIP, por entonces a cargo de Ricardo Echegaray. El macrismo inmediatamente salió a apuntarle al ex recaudador. "¿Para cuándo Echegaray procesado?", tuiteó Laura Alonso. 

El viernes pasado, el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido que el ex vicepresidente justifique el origen de 80 mil dólares, la compra de un departamento a su ex novia y el patrimonio de Núñez Carmona. 

La detención de Boudou se produjo diez días después de la caída de Julio De Vido, otro peso pesado del kirchnerismo. Se trata de una señal más que evidente de que el cerco judicial se cierra cada vez sobre Cristina Kirchner, quien días atrás advirtió que con ella "no van a poder". 

Mientras tanto, en Cambiemos debaten la posibilidad de impedirle a la ex presidenta la asunción como senadora nacional, al tiempo que en Diputados ya se impulsa el desafuero de su hijo Máximo, complicado en las causas por presunto lavado en los hoteles de la familia.

La caída de los pesos pesados de su gobierno le está empezando a generar a Cristina un quiebre del pacto de silencio y no agresión entre los acusados en las distintas causas. Días atrás, De Vido publicó una explosiva carta contra la ex presidenta y este viernes, tras la detención de su amigo Boudou, Luis D'Elía advirtió: "Cristina no puede hacerse la pelotuda".

La decisión del juez Lijo se da en un sugestivo momento ya que días atrás fue denunciado (junto a su colega Daniel Rafecas) ante el Consejo de la Magistratura por demoras de hasta 15 años en algunas causas. La presentación fue realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones "Será Justicia" y "Usina de Justicia", todos muy cercanos al gobierno nacional. El Colegio y Será Justicia son quienes iniciaron una demanda para que Macri pueda echar por decreto a Alejandra Gils Carbó.