El Gobierno buscará sancionar la ley de Ministerio Público ante de diciembre para definir el reemplazante de Alejandra Gils Carbó en el verano, en acuerdo con el peronismo dialoguista.

Es que la norma que ya tiene dictamen en Diputados permite elegir a un procurador con mayoría simple del Senado, un número que Cambiemos puede conseguir si suma aliados provinciales y algunos votos acercados por Miguel Pichetto, vía gobernadores peronistas.

Como explicó LPO, el Gobierno promueve en su lugar al fiscal Raúl Pleé y el peronismo apunta al histórico Alberto García Lema.

Con la nueva composición del Congreso, el oficialismo tendrá 24 senadores puros y varios socios que lo dejarán a tiro de los 37 del quórum.

El PJ podría ayudar y negociar de paso otros cargos vacantes, como el directorio del Banco Central (sus miembros no tienen acuerdo del Senado), defensoría del pueblo o procuraduría penitenciaria.

Además, en el Congreso apuntan que si el nuevo procurador asume con la ley actual volverá el mismo debate sobre si se lo puede excluir con una ley posterior.

Lo mejor es esperar, sobre todo porque Gils Carbó firmó su renuncia para 2018, o sea, seguirá dos meses en su cargo.

Esta tarde circularon otros candidatos como Margarita Stolbizer ("Le vienen buenas ofertas", aseguran en el Congreso), Carlos Rívolo y José María Campagnoli, el elegido de Elisa "Lilita" Carrió.

Todo es posible con la nueva ley, que excluiría del debate a Cristina Kirchner y sus legisladores afines, quienes no avalaron la reforma del Ministerio Público en Diputados.

Pichetto y el kirchnerista Fuentes.

Nunca se trató porque Elisa Carrió la frenó poco antes de iniciarse la sesión, cuando contaba con aval al Bloque Justicialista y el Frente Renovador.

Sergio Massa se había asegurado muchas atribuciones para la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, presidida por Graciela Camaño.

Fueron menos que las pedidas inicialmente pero aun así demasiados según los juristas de Cambiemos. Podrían recortarlas en el recinto.

Además de la posibilidad de elegir al procurador por mayoría simple, la ley reduce su mandato a 5 años y permite al presidente removerlo con recomendación del Congreso. Ya no será necesario un juicio político.