Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político, con lo que habilitó al gobierno de Mauricio Macri a echarla por decreto.

La decisión fue adoptada por el juez Pablo Cayssials, quien consideró "inconstitucional" un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

La medida del juez Cayssials es en respuesta a una demanda que habían impulsado la agrupación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ambos muy ligados al Gobierno nacional, que apoyó la presentación.

El artículo de la ley que "establece que el Procurador General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en a Constitución Nacional, resulta contrario a lo dispuesto en ésta", resolvió el juez Cayssials. Para ello, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina de constitucionalistas, entre ellos el ex canciller Rafael Bielsa. 

"Una norma como la cuestionada en autos -dictada a los efectos de organizar el Ministerio Público Fiscal- no puede elípticamente modificar (la Constitución), ya que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que aquélla establece para su reforma, renovación o cambio, tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la modificación que se incorpore", sentenció el juez.

El fallo es apelable ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y en última instancia la Corte Suprema, pero mientras se resuelve podría permitirle al gobierno sacar del cargo a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el juicio político, una tentación que Macri tiene desde hace meses.

Más aún luego de que la semana pasada el juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por el presunto delito de administración fraudulenta en la causa por la compra de un edificio para la Procuración, por el que se habrían pagado comisiones millonarias.

La idea de echar a Gils Carbó por decreto, que había sido admitida por el oficialismo meses atrás, fue frenada por Elisa Carrió, quien justamente se valía del argumento de que el mecanismo constitucional de remoción es el juicio político. Antes, la dirigente de la CC también había frenado en el Congreso ese proceso, cuando exigió también enjuiciar a Ricardo Lorenzetti.

Como sea, el procesamiento de la semana pasada había reavivado la presión del oficialismo contra Gils Carbó. Mientras los diputados empezaron a apurar la investigación y prometieron volver con el juicio político tras el recambio legislativo, desde el Poder Ejecutivo le exigieron a la legisladora que al menos pida licencia. 

Sin embargo, como explicó LPO, en el Gobierno preferirían la renuncia de Gils Carbó para evitar un proceso engorroso y en el que deberá hacer concesiones al peronismo, incluso hasta ofrecerle al reemplazante.

La propia Gils Carbó entendió que si situación se complicó demasiado y semanas atrás contrató como su abogado a León Arslanián, dueño de uno de los buffets de penalistas más costosos del país. El ex ministro tiene fluidos contratos con el peronismo y el radicalismo y se especula que su misión podría ser buscarle una salida decorosa.