Mauricio Macri presentará luego de las elecciones la más ambiciosa reforma del derecho administrativo argentino de los últimos años, con el objeto de terminar con la burocracia y ajustar los mecanismos de contratación del Estado a parámetros de economías más modernas.

El presidente está obsesionado con entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo integrado por 35 países que otorga cierto piso mínimo de seriedad en el manejo macroeconómico. La OCDE ya marcó varias reformas a instrumentar y una de ellas es que la administración pública sea más eficaz y transparente.

Es por esto que como primera gran reforma, Macri planea derogar la histórica ley de Procedimiento Administrativo (nº 19.549), que fue reglamentada en abril de 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse.

El incentivo detrás de esta exigencia es que con una nueva ley de proceso administrativo, según aseguraron a LPO en el Gobierno, Argentina atraería más inversiones, con contratos más ágiles y una simplificación de los procedimientos legales del Estado.

 Además, el gobierno aprovecharía la reforma para avanzar contra otra de las obsesiones de Macri: un freno a la "industria del juicio".

Es que uno de los capítulos de la ley que planea el presidente regularía el monto que paga el Estado a los abogados que litigan en causas en las que está involucrado. La idea es establecer parámetros determinados para fijar los honorarios en los juicios que tienen al Estado como parte, una potestad que hoy está en manos de los jueces, a los que Macri incluye en lo que él llama "la mafia del juicio".

Quien está a la cabeza de la reforma es Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico y amigo de Macri desde el colegio Cardenal Newman. Lo ayuda el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, un experimentado abogado con experiencia en derecho privado.

Saravia Frías y Dujovne en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ministerio de Hacienda

Clusellas tomó como ejemplo a los modelos de España y Francia, que no tratan al sujeto como "administrado", como hace la ley vigente, sino como "ciudadano". Como antecedente local, el Gobierno se basa en la reforma que hizo en la Ciudad el ex procurador de Fernando de la Rúa en el gobierno porteño, el histórico radical Juan Octavio "Yuyo" Gauna. Yuyo armó el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad luego de la Autonomía porteña y hasta se postuló para la Corte Suprema.

Esta nueva ley, que regulará los vínculos particulares con la administración, tendrá 5 grandes capítulos y absorberá las reformas que viene haciendo mediante resoluciones y decretos el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Se empalma además con el esfuerzo de la actual administración para instrumentar el expediente y la firma electrónica, dos instrumentos claves para agilizar la burocracia y dejar de consumir toneladas de papel.

Como se trata de una ley engorrosa, Macri quiere sacarla a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que luego sea refrendado por el Congreso, para evitar que los diputados y senadores "la conviertan en un Frankestein", como anticiparon a LPO cerca del presidente.