La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, por su intervención en el llamado Plan Qunita, el programa asistencial maternal que había implementado el kirchnerismo y por el que se pagaron sobreprecios.

La Sala III de Casación consideró "arbitraria y prematura" la decisión del juez Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal que desvinculó a Manzur, ex ministro de Salud, de la causa.

Por ese expediente ya fueron enviados a juicio oral el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el sucesor de Manzur en la cartera de Salud, Daniel Gollán, entre otros ex funcionarios y empresarios.

Pero Manzur fue desvinculado del expediente por entender que "no había pruebas" para vincularlo con las irregularidades de la licitación.

Precisamente, la intervención del tucumano había consistido en la convocatoria a la licitación, en la habilitación del pliego de bases y de condiciones y en la autorización para emitir circulares modificatorias. 

Según habían dicho la Sala II de la Cámara Federal, Manzur "no tuvo implicancia alguna en las supuestas irregularidades que se investigan y dictó su sobreseimiento". Ahora los jueces Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani consideraron que resultaba arbitrario y prematuro el sobreseimiento, ya que la propia confección del pliego, bajo la órbita de Manzur, "contrariaba la normativa" y podría evidenciar que la licitación "estuvo dirigida a favor de intereses particular", precisaron las fuentes a esta agencia.

Para Casación, fue el pliego de condiciones el que resultó clave para "satisfacer las necesidad" de compra que generó.

En el fallo, además, los jueces insistieron en prestar especial atención a las causas de corrupción en base a los compromisos del Estado argentino con las convenciones de Naciones Unidas. Aníbal Fernández, Gollán y los titulares de empresas proveedoras del Estado que ganaron licitaciones para confeccionar el kit afrontan los cargos de "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario". Bonadio los había procesado por "direccionamiento" de la licitación del Plan Qunita e "importantes sobreprecios".

El programa fue presentado por la ex presidenta Cristina Fernández el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis y consistió en la distribución de unos 150 mil kits para bebés que le habrían costado al Estado unos 1.100 millones de pesos, pero al poco tiempo fue denunciado por supuestas irregularidades.

Según la acusación, hubo irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados; ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.