La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, presentó este lunes una acción judicial para impedir el traslado del Mercado de Hacienda a cualquier lugar dentro de los límites ese Partido, el que gobierna desde diciembre de 2015.

La demanda fue interpuesta ante el Juzgado Federal en turno Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, y "apunta a defender a los matanceros de un nuevo atropello por parte de la gobernadora Vidal y del presidente Macri", sostuvo la jefa comunal.

Magario cuestionó a Vidal por "darle el primer impulso a través de una firma de un acta por parte de su ministro de Agroindustria, casi en secreto como se manejan las mafias, a esta idea de tirarnos más de un millón de animales en los barrios de La Matanza, para quitarle un problema ambiental a los porteños y garantizarles un gran negociado a los dueños de las vacas", según sostuvo esta mañana al finalizar la presentación ante el tribunal federal.

"Quieren entregarle a una empresa privada, a la que sólo le interesa obtener ganancias, un predio estatal sin control ambiental alguno. Se trata de un negociado que Vidal vino manteniendo en secreto", enfatizó la intenta matancera.

El proceso de traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a un predio de la Corporación del Mercado Central, ubicado en La Matanza, comenzó el 7 de octubre de 2016, cuando el gobierno de Macri a través del Secretario de Comercio de la Nación, el gobierno de Vidal y la Ciudad de Buenos Aires instruyeron por escrito y de manera reservada a las autoridades del Mercado Central para que avancen en el traslado, lo que derivó en la posterior firma de un convenio para formalizar el proyecto, el día 4 de julio de 2017.

Cuando Magario entregó cartas a Macri, Vidal y al jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, solicitando conocer los actos administrativos, planes, planos, estudios ambientales, acuerdos o convenios para el traslado del Mercado de Hacienda a La Matanza, ya advertía a las autoridades sobre el enorme perjuicio que supondría la instalación de ese negocio en el territorio del municipio que gobierna.

Además, agregaba su presunción de que se estaba pretendiendo eludir el ejercicio del poder policial municipal, que incluye el control sanitario y la facultad de imposición, reconocidas por la Constitución Nacional con base en la autonomía municipal.

"Nunca nos informaron, jamás nos consultaron y ni siquiera respondieron las cartas que les envié", sostuvo la Intendenta. "Tuvimos que llegar a una instancia judicial porque intentan imponer un proyecto por la fuerza, mediante caminos ilegales e inconstitucionales, en contra de los vecinos y de toda la comunidad", agregó la jefa comunal.

El Municipio de La Matanza dice que el ingreso de más de 1.250.000 animales por año a los barrios del distrito generará un impacto ambiental insoportable para los vecinos, tanto por el vuelco de líquidos contaminantes que afectarán seriamente suelos y napas, como por la saturación vehicular y el exceso de peso sobre las capas asfálticas, lo que destrozará calles y afectará seriamente el tendido de redes o caños subterráneos, como los de agua, gas y cloacas, producto de la presencia de más de 115.000 camiones al año.

También es fuerte la preocupación de los vecinos y de la Comuna porque toda esta situación provocará que las viviendas familiares, en muchos barrios y distintas localidades de La Matanza, disminuyan drásticamente su valor.