Mauricio Macri reglamentó parcialmente la ley de cannabis medicinal sancionada hace cinco meses, sin compromiso de gratuidad ni presupuesto específico y ninguna contemplación a quienes continúen cultivando por su cuenta con fines terapéuticos. 

"La reglamentación no contempla que las madres ya contamos con la solución para nuestros hijos en el patio de nuestras casas, así como les sucede a miles de pacientes que encontraron en el cannabis medicinal el alivio para múltiples dolencias", protestó en su página de facebook la ONG Mamá Cultiva, una de las promotoras de la norma, debatida por meses en el Congreso.

Sus referentes presionaron para habilitar el autocultivo y para calmarlos los diputados sumaron a la ley un registro secreto de las familias que siembren marihuana en sus hogares, con el objetivo de reducir dolencias de niños víctimas de cáncer o epilepsia refractaria.

Lo hacen hace décadas sin sustento legal porque el Estado nunca reconoció las propiedades medicinales del cannabis, aun ante evidencias aportadas por las universidades nacionales. La ley busca cubrir ese vacío y para eso promueve la investigación "médica y científica".

Crea un programa nacional para su estudio y un registro de posibles consumidores, aunque en la reglamentación lo divide en "pacientes en tratamiento", "en protocolo" y "familiares".

Y no habla como en el texto de la ley de planillas confidenciales con cultivadores de cannabis, quienes deberán buscar amparo en el Ministerio de Salud para no seguir siendo clandestinos.

Como anticipó Marcos Peña en su último informe en Diputados, también eliminaron la obligación de garantizar el producto gratuitamente, con la quetampoco había consenso académico.

Sí lo había en pedir un presupuesto para la investigación, con subvenciones y leyes espaciales, pero esos artículos fueron extirpados. No habrá otros aportes estatales por fuera de los necesarios para investigar y experimentar. Así quedó la ley.