Hasta el fatídico martes 19 de septiembre cuando, 32 años después de la peor tragedia en su historia, la Ciudad de México volvió a ser azotada por un devastador terremoto que cobró cientos de vidas, la capital del desastre del momento se encontraba a 500 kilómetros de aquí, en el municipio de Juchitán, Oaxaca, donde hace dos semanas otro terremoto acabó con cientos de vidas y dejó a miles de damnificados sin casa.

A pesar de lo trágico de la situación en Juchitán, la cabecera municipal, las escenas alrededor de la pequeña ciudad eran peores. Pequeñas comunidades a pocos kilómetros de Juchitán, muchas de ellas habitadas por indígenas zapotecos, fueron gravemente dañadas por el sismo. En una de ellas la principal queja de los habitantes era que el Gobierno no respondía a las necesidades del desastre.

"Vienen los soldados cada dos días y nos dejan despensas", me dijo un hombre de edad avanzada que vivía junto a sus hijos chicos, su esposa y la familia del mayor de sus hijos, ya casado. Alrededor del hombre aparecían una docena de aves de corral, dos cerdos y más comida, mientras me señalaba el pozo de agua fresca que quedó destruido por el terremoto. "Lo que les falta es agua; que les arreglen su pozo, no más latas de frijoles", agregó mi guía en la región.

De vuelta en la cabecera municipal pude hablar con una mujer que acampaba en un terreno que le prestaron. "Mi casa es la de allá y fue declarada pérdida total", señaló.

"El Gobierno antes que ayudar, al contrario, se ha adjudicado despensas que donaron personas en la Ciudad de México como si fueran de ellos. No se vale", agregó su sobrino.

La señora señaló las dos pequeñas casas de campaña en las que estaban viviendo ella, su hija, su sobrino y su marido, quien había resultado lesionado durante el siniestro y dependía de una andadera: "Esas nos las trajeron de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de la Mujer, no son del Gobierno ni de acá".

Una familia muestra los daños que sufrió el pozo de agua en su comunidad

Por si fuera poco, corren rumores de que docenas de organizaciones políticas locales se están apropiando de los apoyos y los usan para repartir entre sus seguidores, o peor, los guardan en bodegas en la espera de épocas electorales en las que puedan ser explotados o cambiados por votos. Se dieron casos en que los operadores de mototaxis en la región, un gremio controlado por diferentes caciques políticos locales, detenían saqueaban los camiones y camionetas con donaciones provenientes de todo el país.

Sin embargo, que la ayuda del gobierno no refleje las necesidades reales de los damnificados o que los políticos saquen provecho de los recursos donados no es la mayor preocupación de los habitantes de esta región. Se ha visto una tendencia por parte de Protección Civil y del Ejército de marcar como pérdida total las estructuras que tienen daños menores y ordenar su demolición, aun cuando a simple vista resulta obvio que se trata de viviendas en perfecto estado.

Apenas en mayo pasado el gobernador Alejandro Murat, hijo del exgobernador José Murat, uno de los más importantes líderes políticos del país, anunció con bombo y platillo que el gigante japonés Mitsubishi invertiría 1,200 millones de dólares en la construcción de la planta eólica más grande de Latinoamérica en el municipio de Juchitán. El temor es que el Gobierno tenga la intención de reubicar a los damnificados en zonas donde la tierra sea menos valiosa.

 El secretario de Agricultura José Calzada Rovirosa y el gobernador Alejandro Murat en una recorrida por Juchitán 

Muchos habitantes creen que las propiedades en la ciudad aumentarán de valor en cuanto crezca la demanda de vivienda en la zona por la apertura de la planta y los empleos que llegarán con ella. Para el sábado pasado los juchitecos habían visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. La generosidad de compatriotas desconocidos y la mezquindad de sus vecinos. No es de sorprender que no confíen del todo en las intenciones del Gobierno.