Un efectivo de la Policía de Río Negro declaró haber visto cartuchos de bala durante un rastrillaje realizado el pasado 16 de agosto en el predio de la comunidad mapuche donde se vio por última vez a Santiago Maldonado, pero aseguró que la fiscal federal Silvina Ávila se negó a a levantarlas como pruebas porque "no era lo que se buscaba".
El policía participaba de un procedimiento ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para hallar rastros de Santiago en el predio de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, donde el 1 de agosto pasado la Gendarmería reprimió a un grupo de manifestantes y -según aseguran los testigos- se habrían llevado al joven.
Según reveló TN, el efectivo rionegrino brindó la información sobre el hallazgo de los cartuchos de bala de FAL y 9 milímetros en el marco de un procedimiento administrativo del Ministerio de Seguridad de Río Negro.
Desde esta cartera provincial remitieron la información al juzgado federal de Viedma que ahora investiga la declaración de este efectivo que pertenece a la división canes de esta fuerza.
De acuerdo con lo trascendido, el agente inspeccionaba una de las orillas del Río Chubut junto a un perro que detectó los proyectiles en ese lugar. "El perro se encontró con un cable que estaba unido entre dos plantas, donde en uno de sus extremos había un elemento similar a lo que podía ser un gas lacrimógeno, que a su alrededor tenía cartuchos de balas de arma FAL y 9 mm", describió el declarante.
El efectivo dio la novedad a la fiscal, quien le dijo que "no iban a levantar esos elementos" porque buscaban elementos referidos a la persona de Santiago Maldonado. La fiscal Ávila está en la mira de la familia del joven desaparecido, que ya intentó apartarla de la causa al igual que a Otranto.
Los mapuches denunciaron en un principio que habían sido víctimas de "una lluvia de balas de 9 mm" antes de la desaparición de Santiago, pero la Gendarmería negó haber utilizado municiones letales durante el desalojo de la ruta 40 y el posterior ingreso en el predio de la comunidad.
Durante los operativos posteriores nunca se hallaron municiones de ese tipo, según se sabía hasta ahora, y por ende Otranto nunca siguió esa vía de investigación. Pero el policía que ahora reveló el hallazgo dijo que intentó en dos oportunidades dejar asentado que había municiones en el lugar, pero el juez lo habría rechazado.
La revelación se da poco después de que el Gobierno saliera a acusar a los mapuches de haber modificado la escena de la desaparición de Santiago, aparentemente con la intención de sostener la declaración del testigo que dijo haber visto con binoculares cómo se llevaban a Maldonado. Los voceros de la comunidad lo negaron y sólo reconocieron haber realizado rastrillajes en busca de "las vainas y las balas que nos tiraron".
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Diez integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen, ocuparon esta mañana el juzgado federal de Esquel reclamando la renuncia del juez Guido Otranto, que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado. Pasadas las 13 los manifestantes se retiraron del Juzgado, pero ratificaron que seguirán "pidiendo lo mismo".
Cerca de las 9, una decena de integrantes de la comunidad mapuche ingresó al juzgado situado en pleno centro de Esquel, y anunció en mesa de entradas su decisión de ocupar la sala de la planta baja "hasta que renuncie Otranto", ante quien el lunes denunciaron malos tratos sufridos durante un allanamiento realizado por orden del juez en esa comunidad y en la Pu Lof Resistencia Cushamen.
"No nos vamos a ir hasta que renuncie Otranto, el allanamiento del lunes fue un atropello contra las familias de Vuelta del Río; entraron rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos", dijo a Télam Silvio Huilinao, presente en el procedimiento denunciado. Agregó que los policías ingresaron armados y con escudos a la comunidad que "estaba en paz", e ingresaron a las casas "con violencia", preguntando "dónde está Santiago Maldonado" y "revolviendo todo sin encontrar nada".
Mientras en el juzgado se desarrollaba esta "ocupación pacífica", en la puerta de la fiscalía a cargo de Silvina Ávila, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, ratificó, en declaraciones formuladas a la prensa, la necesidad de que "una vez por todas" el juez federal Guido Otranto, "se decida a investigar la desaparición forzada" del joven artesano. "Espero que de una vez por todas se decidan a investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado", aseguró hoy la abogada Verónica Heredia, quien consideró que Otranto "tiene una valoración extraña de los hechos".