El Gobierno nacional concretará en las próximas semanas la rescisión del contrato con Cristóbal López por la autopista Ezeiza-Cañuelas, que en marzo pasado le habían intervenido.

Según informaron fuentes oficiales a Clarín, "el trámite está en su etapa final". Según el Gobierno, Aecsa -compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de Cristóbal López) en un 99,12% y Fabián De Sousa (su socio) en el restante 0,08%-, ya adeuda $ 750 millones. Es por "recursos de asignación específica" (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.

El dinero nunca se abonó al organismo vial y se destinó al pago de los accionistas. Tampoco se volcó en obras de mantenimiento y mejora tal como se exigió en el contrato. Sumó multas impagas, actasde incumplimiento y una deuda millonaria, agrega el diario.

Pese a estos argumentos, el empresario sostiene que es el Estado es quien le debe dinero, "nunca nos permitieron actualizar la tarifa del peaje y nos exigían los pagos y obras", remarcaron desde su entorno. Por eso pidió que se realice una prueba de anticipada de costos.

Con este estudio sobre la Autopista, López y De Sousa buscaban demostrar que la tarifa aplicada en los peajes por $ 8 "está por detrás de otras autopistas, como Panamericana o Autopista Oeste que cuesta $ 50, se pierde respecto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es lo que nos deberán pagar", señalaron fuentes de la empresa. Los dueños de Indalo insisten que hubo "pérdida para la firma".

La disputa tiene su final escrito: en las próximas semanas Vialidad Nacional, dirigida por Javier Iguacel rescindirá el contrato a Cristóbal López por diversos incumplimientos y después de denunciarlo ante la justicia federal por "fraude" y "retención indebida" y "defraudación por administración fraudulenta". La denuncia incluyó a la concesionaria AECSA y a Fabián De Sousa.

Tras terminar el contrato con López, el Gobierno prevé relicitar la concesión de la autopista y actualizar las tarifas, que no se tocan desde enero de 2015.

En tanto, Cristóbal López, que interpuso varios reclamos judiciales desde que intervinieron la concesión, reclamará al Estado una indemnización "en un pago de $ 4.100 millones".