Los proyectos de infraestructura pautados en el presupuesto de este año e ignorados por Mauricio Macri entorpecen el debate de la ley de leyes de 2018, que empezará este martes con la visita de Nicolás Dujovne y Luis Caputo a la Cámara de Diputados.

Se trata de decenas de obras, muchas incorporadas a último momento por presión de la oposición, que una vez aprobadas ni siquiera fueron consideradas por la actual administración. El mayor atraso se dio sobre todo en el norte del país, donde se suponía iba a haber un shock de infraestructura vía el Plan Belgrano, que terminó desdibujado.

La mayor bronca de gobernadores y legisladores de la oposición es que la documentación que le acercó el Gobierno cuando hizo la presentación del presupuesto para el año que viene el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla de plena ejecución de las inversiones en obra pública.

No sólo es falso, afirmaron a LPO fuentes al tanto de la situación, sino que los referentes de provincias chicas denuncian una clara preferencia en la ejecución de infraestructura en las más grandes, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. 

Se trata en rigor de una preferencia lógica desde la visión macrista: La región núcleo es el corazón productivo de la Argentina y si el gobierno esta pensando en generar una potencia agroexportadora al estilo Canadá o Australia, el razonable que quiere antes que nada mejorar la infraestructura donde se juega ese partido.

La preferencia de Macri por priorizar la infraestructura de la región núcleo es una consecuencia lógica de su idea de transformar a la Argentina en una potencia de base agroexportadora al estilo de Australia o Canadá.

Como sea, uno de los más molestos es el salteño Juan Urtubey, tal vez el gobernador peronista más complaciente con Macri en su primer año de gestión.

Aun así, el Gobierno no mandó un solo obrador para iniciar obras como las autopistas Metan-Rosario de la Frontera y Güemes-San Pedro, la ruta 86 y la planta líquidos cloacales de La Merced.

Denuncias similares se repiten en el norte del país y explican la parálisis del plan Belgrano, ideado para mejorar la infraestructura de esa región.

En Tucumán el presupuesto de este año que termina incluía una represa y la autopista San Miguel de Tucumán-Río Hondo. Hasta ahora ni siquiera se licitaron. Lo mismo que las dos represas de Santa Cruz, la de Neuquén y las dos de Mendoza. Nivel de ejecución cero.

Planillas en mano, en la oposición aseguraban este lunes que Dujovne había sumado como financiamiento del Plan Belgrano dinero del fondo federal sojero, como se denomina a la coparticipación del 30% de las retenciones a esa oleaginosa.

Se trata de una asignación de recursos automática definida por ley en 2009, a meses de la derrota de Néstor Kirchner en las legislativas de la provincia.

Los gobernadores la usan para gastos corrientes, tanto o más que el Fondo del Conurbano que María Eugenia Vidal pelea para recuperar.

Dujovne durante la presentación del Presupuesto para el 2018.

Ministerio de Hacienda

Dujovne también deberá explicar cómo implementará el sistema de Participación Público Privada (PPP), creado por ley hace un año y que según el ministro explica gran parte de la infraestructura prometida en las planillas anexas para el año próximo, ya que está claro que el ajuste del 2018 pasará en gran medida por reducir drásticamente el actual gasto en obra pública, disparada para las elecciones, como uno de los capítulos del populismo de emergencia que lanzó Macri para ganar en octubre y que hasta ahora le ha funcionado.

El pequeño instructivo incluido en las planillas anexas del Presupuesto no aclara cómo se instrumentarán estos proyectos de PPP, qué empresas intervendrán y a qué tasas se financiarán.

Según supo LPO, en el Gobierno intenta que capitales privados financien obras íntegramente, pero necesitan garantías como la prórroga de jurisdicción a New York. La ley sancionada el año pasado lo permite.

En ese detalle el Gobierno incluyó financiamiento irrisorio para algunos proyectos, como el puente entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, con una inversión del Tesoro prevista de un millón de pesos. O sea, la mayoría lo pagaría alguna empresa, bajo condiciones hasta ahora sólo conocidas por el ministro Luis Caputo y su jefe de Gabinete, el ex JP Morgan, Pablo Quirno, a cargo de la unidad PPP.