En la soledad más profunda, el ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, reclama por la liberación de su hermano Mariano detenido por conformar una asociación ilícita que pedía dinero para habilitar lotes destinados al Procrear.

Solo unas 15 personas acompañaron al concejal Gabriel Bruera (hermano de Pablo y Mariano) a entregar un petitorio a funcionarios judiciales en el Centro Administrativo Gubernamental Torre 2. No estuvieron ninguno de los concejales que hasta finales de 2015 acompañaron a Bruera en el Concejo Deliberante, tampoco sectores del kirchnerismo.

Solo estuvo presente el candidato a diputado provincial por Unidad Ciudadana, Guillermo Escudero, que ocupó el segundo lugar en la lista luego que desde el Instituto Patria. Tampoco lo acompañaron algunos sectores del peronismo como Gonzalo Atanasof con quien este año caminaron juntos la ciudad hasta el complicado cierre de listas.

En el petitorio también se pidió la liberación de los otros ex funcionarios de Bruera detenidos. Entre ellos, Enrique Sette, Gustavo Petró y Roberto Moreno, también acusados en la causa que investiga el presunto pedido de coimas para rezonificar terrenos y hacerlos aptos para los créditos Procrear.

Pedimos por el cese de los presos políticos y de la persecución política en La Plata", dijo Gabriel Bruera.

"No puede pasar que haya una investigación con una persona detenida sin que medien los remedios judiciales necesarios para que eso sea de esa manera", aclaró.

Mariano Bruera fue detenido en julio, aunque seis meses antes había estado preso una semana, situación de la que se había librado tras un dictamen de Casación que le concedió un hábeas corpus que permitió su libertad.

La causa se inició en el 2014 luego de que un comerciante, Guillermo Andreau, denunció una supuesta "red de corrupción" que operaba en el municipio platense. El empresario aseguró que la organización pedía dinero para firmar la rezonificación de manzanas en la periferia de La Plata, que permitiera la venta a los beneficiarios de los planes de viviendas financiados por Anses.

El fiscal Jorge Paolini le imputa a Sette y Moreno los delitos de "exacciones ilícitas y cohecho pasivo" y por formar parte de una asociación ilícita, todos estos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera les atribuyen el delito de asociación ilícita.