El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para frenar la presión de los pueblos originarios, en alza tras la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano que no volvió a ser visto tras participar de una protesta junto a la comunidad mapuche.
El trabajo de Germán Garavano y un grupo de legisladores de Cambiemos consiste en ratificar la poseción de las tierras habitadas por pueblos originarios, pero sumar requisitos para identificarlos mejor.
Otra vez, la demora le jugó una mala pasada al ministro: este miércoles Fernando "Pino" Solanas presionó en el Senado para prorrogar la emergencia a los pueblos originarios, una ley de 2006 que impide desalojarlos.
La última extensión vence en noviembre y para contener al cineasta, Federico Pinedo prometió una ley más amplia y tuvo el respaldo del jefe del peronismo Miguel Pichetto. Pino no aceptó el compromiso y los obligó a votar juntos en su contra.
El incidente obligó al Gobierno a acelerar una ley y evitar otro motivo para enfrentarse a los pueblos originarios en plena crisis por la desaparición de Maldonado.
Pero Garavano quiere "institucionalizar" la designación de representantes de comunidades originarias y toma el antecedente de la colonia primavera de Formosa, conocida como la base de los indios Qom.
Allà se impuso en 2011 Félix DÃaz ante un candidato propuesto por su gobernador Gildo Insfrán, una victoria épica que lo acercó a los organismos internacionales y al primer plano de la escena polÃtica argentina.
Cuando era jefe de Gobierno, Mauricio Macri lo apoyaba en su pelea con el mandatario formoseño y le permitÃa desplegar sus protestas en la 9 de Julio y hasta instalar carpas junto a la estatua de Don Quijote.
El camino elegido por Garavano no está exento de polémicas por casos como el de Félix DÃaz, cuya representatividad es discutida por Insfrán, quien insiste en incluirlo en la comunidad toba. No reconoce subgrupos.
Por estas discusiones algunos legisladores de Cambiemos chocan con el ministro y recuerdan que la identificación de comunidades originarias es una tarea de los gobernadores y si algunos no consiguen ubicaras y darles tÃtulo de propiedad deben hacerse cargo.
Uno de los que levanta la voz es Gerardo Morales. Se jacta de una buena relación con sus poblaciones autóctonas, que podrÃa complicarse sin una ley de emergencia que proteja sus pertenencias.
Pinedo y Pichetto, que funcionan casi como un equipo de trabajo, prometieron que el debate empezará el miércoles 27 en el Senado. Antes antes Garavano debe terminar el proyecto de ley.
