La detención de 32 personas, entre policías y médicos legistas, ordenada en las últimas horas por el juez federal Carlos Vera Barros por la muerte de Franco Casco en una comisaría de Rosario remite directamente al caso de Santiago Maldonado, el joven que desapareció tras un operativo de Gendarmería en Chubut.

Durante dos meses, la causa Casco tuvo que sortear las resistencias de sectores del poder político y judicial para que, al igual que con Maldonado, se caratule como "desaparición forzada de persona", debido a los 23 días en los que el paradero de Franco estuvo desaparecido.

Con esta medida, el expediente pasó al fuero federal donde las líneas investigativas recayeron sobre el accionar de la policía y se comenzó a desandar los testimonios falsos, encubrimientos y adulteraciones de pruebas.

Ahora, el juez en consonancia con el fiscal Marcelo Di Giovanni detuvieron con pedido de indagatoria a 32 personas de las cuales cinco son integrantes de la Dirección de Asuntos Internos, entre ellos su jefe Aníbal Candia, quien revestía como titular de la Comisaría 7ma al momento de la desaparición.

El hecho ocurrió la noche del 6 de octubre del 2004 cuando a Casco se lo llevan detenido a la comisaría. Su cuerpo apareció el 30 del mismo mes flotando en el Río Paraná. "Hasta que la jueza Bernardelli decidió pasar la causa a la justicia federal como desaparición forzada, estuvo caratulada como búsqueda de paradero", indicó a LPO el abogado Gabriel Ganón por entonces defensor oficial de Santa Fe.

Ganón desde un principio insistió en la responsabilidad policial y en la necesidad de que pase a manos de la justicia federal porque consideraba que "estaba todo preparado para correr el eje de la investigación ya que en el gobierno se machacaba con que Franco estaba vivo y después, cuando apareció el cuerpo se presentaron muchísimas irregularidades".

De hecho, el entonces secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, actual secretario de la Producción de Rosario, un par horas antes de que aparezca el cuerpo de Casco había realizado una conferencia de prensa afirmando que el chico estaba con vida y se lo seguía buscando, recordó Ganón.

El caso

Franco Casco, un joven de 20 años, había viajado de Florencio Varela a Rosario para pasar un par de días con unos parientes. La última vez que se lo vio con vida fue el 6 de octubre de 2004 la noche que se disponía a volverse a su casa. Policías de la Comisaría 7ma lo detuvieron y nunca más se supo de él.

A partir de entonces, la familia Casco vivió un calvario que duró 23 días hasta que el cuerpo de Franco apareció flotando en el Río Paraná. En un principio, la policía negó haber detenido al chico y en todo ese tiempo aparecieron varios testigos que afirmaban haberlo visto en jurisdicción de la comisaría.

Durante la desaparición habían trascendido distintos "testimonios" que aseguraban haberlo visto desnudo por la calle o viajando en colectivos o taxis, versiones que fueron avaladas por autoridades policiales y funcionarios políticos.

Una vez rescatado el cuerpo del río, la fuerza no tuvo más remedio que reconocer que había sido detenido por un llamado de un vecino que denunció al joven por actitud sospechosa. Luego, se confirmó que el denunciante tenía un vínculo cercano con el comisario Aníbal Candia, uno de los indagados por la justicia federal quien actualmente es jefe de Asuntos Internos.

Por otro lado, los estudios forenses también fueron impugnados por el abogado de la familia ya que las autopsias afirmaba que el cuerpo no presentaba signos de violencia. De hecho, según relató a este medio Gabriel Ganón, se comprobó que las pruebas de ADN habían sido adulteradas y ahora la familia pide que se vuelvan a realizar porque sospechan que el cuerpo que enterraron no sea el de Franco.

Esto explica la detención del médico forense Raúl Rodríguez, que realizó la autopsia, y a dos peritos odontológicos junto a la médica policial sospechados de encubrimiento. Además, el libro de guardia no registraba el ingreso del joven a la dependencia y los detenidos en las celdas, los últimos en ver a Franco con vida, fueron amenazados para que no presten declaración.