El Tribunal Constitucional, máxima autoridad jurídica española, prohibió la celebración del referéndum del 1 de octubre. Los 12 magistrados acordaron admitir el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy desarticulando el andamiaje legislativo aprobado ayer por el parlamento catalán.

En una decisión unánime, los magistrados determinaron la suspensión de la histórica ley que servía como primer paso para convocar a un referéndum que luego diera luz verde para declarar la independencia de España

La derogación del Tribunal no solo alcanza a la ley misma sino también a la convocatoria al referéndum, las normas complementarias para organizarlo y el nombramiento de una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central, por un plazo de cinco meses.

La única medida propuesta por el Gobierno que el Tribunal no convalidó es la de cargar con responsabilidad penal sobre el presidente catalán Carles Puigdemont y los integrantes de su Gobierno por no acatar los mandatos del tribunal de no avanzar en la hoja de ruta hacia la ruptura con España al margen de la ley.

Esta mañana, en un discurso de tono dramático, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy , anunció una ofensiva judicial para impedir el referéndum.

"Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso", advirtió Rajoy en el Palacio de la Moncloa, después de encabezar una reunión extraordinaria de su Consejo de Ministros para aprobar la respuesta oficial al desafío de los catalanes.

El presidente usó términos gruesos para referirse a los independentistas que gobiernan Cataluña. Dijo que han mostrado "una actitud autoritaria y antidemocrática" en la tumultuosa sesión de ayer en la que se votó la ley del referéndum. Los acusó de desobediencia a la Justicia y dijo que quieren "liquidar el modelo de convivencia" de los españoles.

"No sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional. Asuman de una vez el fracaso de sus objetivos políticos", insistió.

Minutos antes, el Consejo de Ministros había decidido presentar con carácter urgente ante el Tribunal una impugnación de la ley sancionada ayer, así como del decreto de convocatoria posterior.

Ajenos a toda amenaza, los separatistas se muestran irreductibles en su reto. Al mismo tiempo que Rajoy comparecía en La Moncloa, en el Parlamento regional avanzaban con el debate de la denominada ley de transitoriedad jurídica, cuya finalidad es funcionar como norma suprema de Cataluña en caso de que la opción independentista triunfe en el hipotético referéndum de octubre.

Pero la desobediencia de Puigdemont, chocó hoy con el fallo del fallo del Tribunal Constitucional que suspendió todo lo actuado en Barcelona. Pero, ¿qué pasará si el gobierno regional se niega a acatar la orden?

Rajoy evitó anticipar su jugada. Irá dando "los pasos que se requieran día a día". Aunque quiso dejar un mensaje de tranquilidad a quienes lo critican por ser demasiado permisivo con los independentistas: "Sé cuáles son mis obligaciones. No voy a permitir que se quiera liquidar nuestro modelo de convivencia de un plumazo. Vamos a demostrar que la democracia española sabe defenderse de los enemigos de la convivencia".

Puigdemont cree que la reacción de Rajoy a la aprobación de la ley del referéndum demuestra que España "no es un régimen democrático", ante lo que Cataluña responderá con un "tsunami democrático, con calles llenas de gente para celebrar el 1 de octubre".

"Hay una ausencia absoluta de comprensión hacia lo que tiene delante. (Rajoy) se niega a aceptar la realidad", dijo Puigdemont y agregó que continuará "a buen ritmo la preparación" del 1 de octubre.

Además afirmó que unas 16.000 personas ya se inscribieron para ser "colaboradores" voluntarios del referéndum del 1 de octubre y que 560 ayuntamientos también ha manifestado que colaborarán con la votación.