El gobierno nacional completó este lunes los pasos formales para reanudar la construcción de las represas en Santa Cruz y ahora espera que la Justicia levante la cautelar para que se pongan en marchas las cuestionadas obras.

Los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Ambiente, Sergio Bergman, firmaron la resolución que avala la construcción de las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz, tras cumplir con la audiencia pública que había exigido la Corte Suprema y otros trámites como el informe ambiental y el de factibilidad. 

En la resolución, publicada en el Boletín Oficial, se dispone que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en las audiencias públicas del mes pasado. 

Los ministros sostuvieron que "de los informes recibidos de los senadores y diputados se desprende el muy amplio consenso político" sobre el estudio de impacto ambiental y señala que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras "han presentado argumentos sólidos" que avalan su ejecución.

La resolución señala además que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y los ciudadanos que participaron de la audiencia pública aportaron "elementos de juicio relevantes", en particular sobre los aspectos del desacople hidráulico entre la represa Kirchner y el Lago Argentino; los posibles impactos sobre los glaciares; el estudio específico de impacto ambiental sobre la línea de alta tensión que conectará a las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI); y la necesidad de diálogo con las comunidades aborígenes, entre otros.

Las obras de las represas habían sido suspendidas por la Corte Suprema el 21 de diciembre de 2016, "hasta tanto se implementara el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia" previsto en la ley. La suspensión había sido empujada por el propio gobierno de Macri, que quería dejar en el olvido ese proyecto impulsado por Cristina Kirchner. Pero esa idea chocó de frente con los intereses de China, que amenazó con frenar todas las inversiones si no se reactivan las represas, adjudicada a una UTE formada por la firma China Gezhouba Group Company Limited y las locales Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. 

El Gobierno, entonces, empezó a apurar los trámites para cumplir con las exigencias de la Corte y destrabar las obras, ya que además de frenar otras inversiones China golpeó bajo con la suspensión de la importación de aceite de soja argentina. Pero, como contó LPO la semana pasada, la inminente reactivación de las represas hizo que Beijing habilitara nuevamente la importación.

Con la aprobación formal de las obras y la incorporación de algunos recaudos exigidos por grupos ambientalistas, el Gobierno pedirá ahora a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porteña que levante la medida cautelar que suspendió la construcción. La decisión final la tendrá la jueza Macarena Marra Giménez, mientras Macri espera que se destraben los 4.500 millones de dólares prometidos por China para esas obras, y otros tantos para otros proyectos.