El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa contra el ex ministro Julio De Vido por la compra de trenes inservibles a España y Portugal, en la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar De Vido, ya que desde el próximo 27 de septiembre deberá sentarse en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 51 personas.
En este caso, De Vido está procesado por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
A diferencia de Jaime, De Vido no está acusado del delito de cohecho, es decir, de haber cobrado coimas.
A De Vido se lo acusa de haber diseñado entre 2004 y 2012, junto al integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Carlos Retuerto Castaño -también enviado a juicio oral- un "plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurÃdicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública", puntualmente con acuerdos y contratos, "escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos".
AsÃ, dijo el escrito de Ercolini, "determinaron la compra por parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario", indicaron fuentes judiciales.
En la operación se le pagaron unos 76 millones de euros a España y alrededor de 26 millones a Portugal.
A criterio de Ercolini, en el marco del "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional", se "generaron las condiciones necesarias para la concreción de la maniobra descripta, favorecida por el relajamiento de los controles inherentes al titular de la cartera ministerial".
"Ha quedado corroborado frente a las excesivas sumas de dinero involucradas en las contrataciones antes descriptas, y a la innecesaria intervención de sociedades intermediarias en las operaciones, que el consorte de causa Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, recibió una retribución pecuniaria ilegÃtima, que se vio posibilitada por las contribuciones efectuadas a la maniobra descripta por cada uno de los partÃcipes en la medida de sus responsabilidades", dijo el juez.
En mayo último Ercolini ya habÃa elevado a juicio un tramo previo de la investigación para que sean juzgados el ex secretario Jaime, su colaborador Manuel Vázquez, Ricardo Testuri (funcionario de la SecretarÃa) e Ignacio Soba Rojo (intermediario en las operaciones), por los delitos de "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho".
A fines de julio, el fiscal federal Federico Delgado pidió que De Vido fuera enviado a juicio porque el Estado pagó casi 102 millones de euros por "material ferroviario en malas condiciones".
"Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro paÃs se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas", argumentó Delgado.
El fiscal reprodujo un informe de la sección de IngenierÃa de Técnicas Ferroviarias que en 2005 dictaminó que "el estado de los coches no era bueno, presentaban gran deterioro y faltantes", "algunas ruedas estaban muy gastadas" y "a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes".
También consignó que "algunos coches estaban muy oxidados y necesitaban la sustitución de grandes paños", "las ventanas requerirÃan reparación de abolladuras, golpes y recuperación fuerte de marcos, cristales y mecanismos" y "las puertas de acceso e intercomunicación y fuelles requerirÃan una gran intervención".
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Sin embargo, a la hora de cuidarlo, como no tienen verdaderos argumentos, hablan de la constitución
Estos hdmp, no merecen el mínimo respeto
La maldita de Santa Cruz, y su cria son traidores a la patria, y ni siquiera se merecen un juicio.
Se redefecan en los pobres, y como ciertos animales se alimentan de ellos.