En un Congreso desierto y con los legisladores haciendo campaña en sus provincias, el kirchnerismo sorprendió con un pedido de sesión especial en Diputados para el miércoles 16 con un único tema: el rechazo al decreto presidencial 797, firmado por Mauricio Macri hace un año para desembolsar casi 80 mil millones de pesos en obras públicas.

De ese monto, 45 mil millones (casi 3 mil millones dólares de ese momento) fueron asignados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada por Cristina Kirchner a una UTE que integraba la brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en el país.

Los socios mayoritarios de la brasileña eran la italiana Ghella y la constructora IECSA, que era propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En marzo se la vendió a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y uno de los empresarios de mayor crecimiento desde diciembre de 2015.

No fue el único cambio: hace un mes, Ghella tomó el 35% de la UTE que tenía Odebrecht, que Macri quiere fuera del país cuanto antes.

El pedido de sesión fue firmado sólo por diputados del Frente para la Victoria y llegó acompañado de una serie de argumentos políticos, inusuales e innecesarios para estos trámites, todos con la intención de vincular a Macri con el escándalo de coimas de la empresa brasileña.

El kirchnerismo quiere tratar el caso del soterramiento del Sarmiento para vincular a Macri con las coimas de Odebrecht, en una jugada de alto cinismo ya que viene de impedir la expulsión de Julio de Vido, por el mismo caso.

"Odebrechet está fuertemente vinculada al grupo del Presidente Macri: baste como ejemplo la intervención de un banco off shore controlado por Odebrecht adquiriendo por 400 millones de dólares un crédito de la CFI y el BID verificado en el concurso de "Correo Argentino S.A." (empresa del Grupo Macri) para luego aceptar su cancelación por una cifra insignificante, lo que hace presumir un negocio ilegítimo con los controlantes de la concursada o una operación de lavado de dinero", denuncian los kirchneristas, en uno de los párrafos.

Pero aclaran que "el Soterramiento es necesario. Está votado por ley y adjudicado", aunque "el dinero lo tienen que poner los contratistas. Es su obligación. El Estado luego pagará contra la obra".

Suena a letra de Cristina Kirchner, quien en su única mención sobre el escándalo recordó que la obra fue aceptada porque venía con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes). 

Según su versión, la obra no empezó porque esa plata no llegó. O sea, el problema no era ni Odebrecht ni Calcaterra, sino quien ponía el dinero, una hipótesis que sirve además para defender a Julio de Vido,  investigado en la justicia como presunto partícipe de los sobornos.

Es que la situación del ex ministro, muy vinculado por distintos testimonios a la trama de coimas que pagó Odebrecht en la Argentina, revelan el cinismo del kirchnerismo que por un lado evitó la expulsión del ex ministro de Diputados por el mismo caso con el que ahora busca atacar a Macri. 

El DNU 797 fue firmado hace un año y además del soterramiento incluía en su mayoría obras para la Ciudad de Buenos Aires y municipios bonaerenses gobernados por Cambiemos. La oposición lo rechazó en la bicameral de trámite legislativo, pero como sólo queda anulado si ambas cámaras lo rechazan, Macri activó igual muchas de las obras. 

Los dirigidos por Héctor Recalde quieren ponerle un freno, pero parece difícil que el oficialismo aporte para el quórum a días de las primarias. O tal vez quiera esperar el resultado para decidir.