El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles la declaración indagatoria del ex ministro Julio De Vido en la causa en la que investiga los sobreprecios en la construcción de gasoductos y donde sospecha que Odebrecht pagó coimas a los ex funcionarios.

Delgado incluyó en el requerimiento que presentó al juez federal Daniel Rafecas a otros 15 imputados, entre ellos, ex funcionarios como el ex secretario de Energía Daniel Cameron, ejecutivos y empresarios de Odebrecht y otras firmas.

El funcionario del Ministerio Público los acusó de supuestos delitos de "defraudación contra la administración" y "negociaciones incompatibles con la función pública", en relación a los contratos con Odebrecht, sospechados de sobreprecios. Además, no descarta incorporar el delito de cohecho, cuando tenga elementos sobre las coimas.

"El Estado Nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados", sostuvo Delgado en su requerimiento, donde sostiene que hay "certeza" del pago de sobornos (ya que la empresa admitió en EEUU que pagó al menos 35 millones de dólares en coimas en el país), aunque todavía no se incorporaron las pruebas a la causa.

Las maniobras investigadas relativas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur por parte de Transportadora Gas del Norte y del Sur "generaron que el Estado nacional terminara pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían", agregó el fiscal en el dictamen.

LPO reveló el año pasado que la entonces nueva gestión de Nación Fideicomisos (que administraba en lo formal las obras), a cargo de Marcelo Blanco, hizo una pormenorizada investigación, que incluía informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde se hablaba de "contratos de obras leoninos para el Estado" y se destacaba que "el fiduciario (Nación Fideicomisos) no tenía control del destino del dinero que pagaba" y "no tenía capacidad de supervisar las obras que contrataba". Además, en una auditoría interna se estima que algunos sobreprecios llegaban al 100%. 

Tan grande fue la evidencia recogida por la nueva gestión que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió el contrato de Odebrecht para ampliar los gasoductos, lo que dio pie a un reclamo de la empresa brasileña por 500 millones de dólares.

En abril pasado, este medio también reveló que la Cámara Federal ordenó reabrir la causa ante un pedido del fiscal Delgado, que había apelado la desestimación de la denuncia ordenada en primera instancia por la jueza María Servini de Cubría. La magistrada había argumentado que una investigación por el mismo hecho estaba en manos del juez Ariel Lijo, que también la cerró a fines de 2016. 

Clarín

En su dictamen de este miércoles, Delgado apuntó al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, a la de Obras Públicas, a la subsecretaría de Combustible y al Enargas, todos organismos "encargados de la organización, aprobación, control y seguimiento técnico de la obra". También remarcó que "Nación Fideicomiso SA y Cammesa SA" fueron responsables de la administración de los fondos asignados, aunque se sabía que las decisiones se tomaban en Planificación y la formalidad de que las obras estuvieran en manos de esas SA tenía como objetivo eludir controles y flexibilizar contratos.

"Los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un beneficio económico a cambio", argumentó el fiscal.

Para Delgado, hubo un "armado de la estructura legal de la obra pública" que derivó en una "ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control".

En base a eso, remarcó, hubo "contrataciones privadas donde se produjeron los sobreprecios", puntualizando que fueron "privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas 'acompañaron' las decisiones de las firmas privadas", a la vez que destacó "posibles sobornos" que "incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación aparente que nos llevan a la defraudación".

La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos por unos 35 millones de dólares por obras en el país pero Delgado explicó que en el dictamen que si bien todo indica que hubo cohecho, aún no están las pruebas necesarias para formular acusación en base a este delito.

El fiscal pidió indagar a De Vido, Cameron, el ex presidente del Ente Nacional del Gas, Fulvio Madaro, al ex vicepresidente de Cammesa Luis Beuret, al ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa; a ex directivos de las transportadoras de gas y a un apoderado de Odebrecht, Marico Faria Silva, entre otros.