El referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, para consultar a la población sobre la independencia de Cataluña el próximo primero de Octubre (1-O) amenaza con provocar un histórico choque de trenes entre la región más rica de la península y el gobierno de España.

La consulta es considerada ilegal por el gobierno de Mariano Rajoy, el Supremo Tribunal Constitucional de España, el Supremo Tribunal Constitucional de Cataluña y hasta el asesor letrado de la legislatura local.

Se trata de una reedición de la fallida consulta del 9-N que en 2014 realizó Artur Mas, antecesor y jefe político de Puigdemont, que en marzo de este año fue condenado por el máximo tribunal de Cataluña por desobediencia a la ley, a dos años de inhabilitación y severas multas, que dice no poder afrontar. Se trata de un anticipo de lo que espera al actual presidente de la Generalitat si sigue por la senda que se trazó.

Sin embargo, Puigdemont ha decidido avanzar a todo o nada con el referéndum, lo que provocó una severa crisis de gabinete, el despido del jefe de la policía local (los Mossos) y la amenaza de juicios penales y embargos sobre los funcionarios que activen la consulta.

Rajoy amenazó a Puidgemont con frenarle transferencias de fondos por unos 7.000 millones de euros y en una virtual intervención al área económica de la Generalitat dispuso que rindan cuentas semanalmente de sus gastos.

En un marco de una tensión inédita, el gobierno de Rajoy anunció este viernes que controlará semanalmente las cuentas de Cataluña y en cuanto detecte que se desvían fondos para financiar el plebiscito declarado, tomará medidas draconianas como el congelamiento del envío de los más de 7.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que este año tiene previsto girar a Cataluña. Para tener una idea de lo que está en juego del 2012 a la fecha el FLA giró a Cataluña unos 67 mil millones de euros.

La amenaza pronunciada por el portavoz de La Moncloa, Iñigo Méndez de Vigo, fue calificada como el inicio del "choque de trenes" entre España y Cataluña y logró despertar el rechazo unánime de todas las expresiones políticas catalanas, incluso las que cuestionan la estrategia de desafío abierto de Puigdemont.

Rajoy sin embargo no se inmuta y no cede a los pedidos de diálogo político que le hacen tanto desde Podemos como desde la nueva conducción del PSOE que conduce Pedro Sánchez, que dio un paso histórico a favor de la cuestión catalana, al definir a España como "Nación de naciones".

El primer ministro de España, Mariano Rajoy.

La Moncloa

Un sondeo de la encuestadora CEO publicados este sábado en Barcelona, le dan cierto aire a la posición de Rajoy, al señalar que el apoyo a una ruptura con España cayó tres puntos al 41,1%, aunque se mantiene un predominio de más del 60 por ciento por el Sí en el referéndum.

Suena contradictorio pero refleja lo que se vive en esta ciudad: Una aparente mayoría quiere tanto la independencia o al menos una autonomía mayor, como rechaza una ruptura total con España.El otro dato notable es que al estar impedido el gobierno local en convocar a un referendum en toda la forma, no existe un campaña oficial y los partidarios del NO no participan ya que consideran toda la movida ilegal. Sólo se ven en algunos balcones, banderas por el Si, pero tampoco hay una movilización abierta en ese sentido. Lo que predomina es la discusión legal y política en torno a la convocatoria en sí.

Por eso, Puigdemont a perdido apoyos claves, sobre todo entre la burguesía y los capitales catalanes tradicionalmente encolumnados con su fuerza (PDECat) como La Caixa, que consideran que el choque de trenes con España no será bueno para nadie y menos para los negocios.

Muy consciente del terreno que pisa, la alcalde de Barcelona, Ada Colau, ha evitado pronunciarse sobre el referéndum con la excusa que como aún no ha sido convocado, sería hablar sobre algo que "no existe". Colau llego al poder de la mano de una coalición cívica formada apenas hace dos años -que integra Podemos-, en lo que fue una de las derivaciones más resonantes del fenómenos de los indignados.

Sin embargo, su gestión ha sido muy prudente y hasta cuidadosa en el terreno fiscal, alejando los fantasmas de un supuesto chavismo español.

Una bandera por el Sí en Barcelona.

LPO

Como el Tribunal Constitucional anticipó que considerará ilegal la convocatoria al referéndum, la pregunta que tensiona a esta ciudad es que sucederá el día que Puigdemont lo convoque formalmente y se coloque en una posición de abierto desafío al Estado español.

Esta pregunta causó una profunda crisis en la policía local (los Mossos) que deberían enfrentar a la Guardia Civil cuando el Estado español decida impedir la realización de la consulta. "La situación asusta, el independentismo radical catalán quiere obligar a los mossos a desobedecer las leyes españolas", se quejó uno de los tantos policías locales que enviaron cartas al diario El Periódico, para manifestar su alarma ante lo que viene.

Acaso como un anticipo de lo que viene, este jueves la Policía Civil allanó el parlamento y la jefatura de gobierno local, por un viejo caso de corrupción, lo que fue leído por la política como una severa e inédita advertencia del poder central.

Ajeno a todo Puigdemont va reemplazando funcionarios que temen las consecuencias de violar el ordenamiento legal, por cruzados de la autonomía como el nuevo jefe de los Mosos, Pere Soler, que en Twitter se ha burlado hasta el hartazgo de los "españoles".

Ese insólito comportamiento refleja hasta que punto la situación se ha vuelto incomprensible hasta para buena parte de los catalanes, que si bien hace siglos que mantienen un reclamo de autonomía o directamente independencia, nunca habían llegado en la era contemporánea, a este extremo de conflicto directo con el gobierno central.

Paradójicamente, ahora Rajoy pone a los vascos como un ejemplo de conducta. Es verdad que el País Vasco hoy atraviesa una relativa estabilidad en su relación con España, luego de haber conseguido importantes márgenes de autonomía en su manejo presupuestario e impositivo.

Para muchos catalanes, ese es el verdadero tema de fondo en el que debería derivar esta tensión: Un acuerdo que les garantice márgenes más amplios de autogobierno y que una parte más importante de los recursos que genera Cataluña se queden en Cataluña.