El Gobierno finalmente aceptó concentrar la estrategia del caso Odebrecht por la vÃa judicial, que como reveló LPO fue la posición del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia FrÃas. Quedan asà de lado los intentos de acuerdos extrajudiciales de Laura Alonso y Germán Garavano, con quien Mauricio Macri se fastidió, como observaron sus colegas en una de las últimas reuniones de Gabinete.
El jueves, Saravia FrÃas se presentó en los tres juzgados federales donde se investigan presuntos hechos de corrupción en obras que Odebrecht hizo en el paÃs, y pidió autorización para acceder a los expedientes. Se trata de las investigaciones de los jueces Sebastián Casanello (planta de AySA en Tigre), Daniel Rafecas (soterramiento del Sarmiento) y Marcelo MartÃnez De Giorgi (gasoductos).
"La Procuración se encuentra abocada a la determinación de los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido el Estado nacional, derivado de las irregularidades e ilegalidades investigadas", señala el escrito, por lo que se desprende que el objetivo es lograr que Odebrecht tenga que pagar un resarcimiento por las coimas que habrÃa abonado en el paÃs.
LPO habÃa anticipado la semana pasada que con más experiencia en batallas corporativas, Saravia FrÃas le explicó a Macri que habÃa que dejar de esperar que Brasil y Estados Unidos entregaran listas mágicas de nombres y cuentas de coimeros y concentrarse en usar los abogados de la Procuración y la SIGEN para recabar información de las contrataciones del Estado con Odebrecht, analizarla y construir un caso para llevarlo a la Justicia. Era lo más sentado y es lo que prevaleció.
Este medio anticipó que el Gobierno empezaba a apostar por esta vÃa tras el sucesivo fracaso de las anteriores estrategias implementadas por Garavano y Alonso, que pretendÃan que el Poder Ejecutivo hiciera algún tipo de acuerdo de inmunidad con Odebrecht, tratando de replicar lo que sucedió en Brasil o Estados Unidos, que tienen sistemas completamente diferentes al argentino. Los funcionarios entendieron que si avanzaban con algún pacto de ese tipo, podÃan terminar presos ellos ya que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones penales.
También habÃa quedado claro que el Gobierno no podrÃa obtener nada a través de acuerdos con esos paÃses, como quedó claro en los viajes de Garavano a Estados Unidos a buscar información que nunca le dieron. Tampoco los jueces y fiscales consiguieron nada en su reciente visita a Washington. En parte, porque los "arrepentidos" en Brasil y EEUU firman acuerdos de confidencialidad por lo que la justicia de esos paÃses no pueden entregar la información a la ligera.
Según supo LPO, todos estos traspiés fastidiaron a Macri, especialmente con Garavano, a quien le atribuye también la derrota en el Congreso con el artÃculo 37 de la ley de responsabilidad penal empresaria, con el que el Gobierno quiso manejar la información que aportara Odebrecht.
La estrategia de Saravia FrÃas es avanzar con investigaciones internas a través de la Procuración y la Sigen y empezar a aportar documentación a las causas que investigan Casanello, Rafecas y MartÃnez De Giorgi, o realizar nuevas denuncias penales por otros casos. El Gobierno podrÃa ser parte activa del proceso y no un mero espectador como hasta ahora.
Por otro lado, el Gobierno sà avanzó polÃticamente con un golpe demoledor para las finanzas de Odebrecht como fue darlo de baja del registro de contratistas de obra pública, además de empujarlo a salir del contrato del soterramiento.
Con esa avanzada económica y la vÃa judicial, en el Gobierno entienden que ahora sà tienen elementos para explicarle a Odebrecht que si quiere volver a operar algún dÃa en la Argentina, deberá sentarse a negociar no ya inmunidad -imposible de otorgarle desde el Poder Ejecutivo- sino los términos de una multa más sincronizada con la realidad de las coimas que pagó, además de entregar información sobre los coimeros.
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