La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) objetó la ley promulgada en la provincia de Buenos Aires que obliga a decir que los desaparecidos en la última dictadura militar fueron 30.000.

El pedido lo hizo a través de una comunicación oficial con la Cancillería Argentina. Desde la CIDH alegan que esa ley aprobada en marzo contraviene el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, resaltó que esta comunicación se hace en base a una solicitud del gobierno bonaerense.

"La ley no cumple los estándares: puede haber una ley, un interés legítimo pero el método que se está utilizado no es el legítimo; la norma no es un medio idóneo para alcanzar la verdad", destacó Cantón.

La ley volverá a ser tratada en la Legislatura para que "no viole los estándares interamericanos. Hay que buscar cumplir con estas recomendaciones", sostuvo el secretario. En tanto, resaltó que en el cuestionamiento "no existe una crítica política".

"Desde la CIDH comprenden el espíritu de la ley que es la búsqueda de la verdad y la memoria pero debe respetar otros principios como la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad", afirmó Santiago Cantón quien comprende y apoya el comunicado.

La polémica ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de marzo pasado y obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial la expresión "30.000 Desaparecidos" cuando "se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

El proyecto fue impulsado por el senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria.