El Gobierno congeló el tratamiento de la ley de compre nacional que envió Francisco Cabrera a Diputados, porque la oposición le exigió llevar hasta 20% la preferencia de contratar a pymes locales y a 14% la de firmas grandes del país.

Esto significa que puedan resultar favorecidas en licitaciones públicas aún presentando ofertas que superen por hasta esas cifras a las de compañías extranjeras. 

Como adelantó LPO, estos porcentajes fueron exigidos por la oposición en el debate en Comisión de la semana pasada, cuando el macrista Luciano Laspina advirtió que no aceptarían esos retoques.

"Tenemos que buscar un término medio entre el costo fiscal y el beneficio. A veces este Congreso no es responsable cuando evalúa esas cosas", se lamentó.

Luego no atendió el teléfono y esta tarde suspendió formalmente el plenario de comisiones que iba a hacerse mañana.

El proyecto original contemplaba subir los porcentajes de preferencia del 5 por ciento actual al 8 para las firmas grandes y del 7 al 12 en las pequeñas y medianas.

En la Casa Rosada no quieren moverse un milímetro de esos números, pero el debate abrió una presión de los industriales, amparados en los diputados Axel Kicilof (FpV-PJ), Sergio Ziliotto y Pablo Kosiner (Bloque Justicialista).

"¿Cuál es el porcentaje alto de preferencia para la industria nacional? ¿Acaso no es peor la pobreza?", desafió Juan Carlos Lascurain, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Zilliotto y Kosiner presiden las comisiones de Obras Públicas y de Pymes, que este martes iban a tratar la ley de compre nacional en el plenario junto a la de Presupuesto. Pero Laspina prefirió seguir negociando.

Otro cambio que no acepta el oficialismo es el de los sujetos obligados a sumarse al compre nacional. En el borrador consensuado por la oposición somete a ese régimen al sector público, empresas del Estado, poder legislativo, Justicia, Ministerio Público y las compañías beneficiarias de concesiones o de subsidios del Estado.

Para el Gobierno es excesivo y lo plantearán tras el receso invernal del congreso, que empieza la semana próxima y termina en agosto.