El fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, buscó hoy que la Corte Suprema reabra la causa contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, acusado por un arrepentido brasileño de la causa Odebrecht.

La presentación fue hecha ante la Sala III de Casación, con la intención de que eleve el recurso a la Corte Suprema en forma directa.

Se trata de la causa que se abrió contra el jefe de los espías, luego de que uno de los arrepentidos de la causa Odebrecht denunciara que le había hecho una serie de giros bancarios en el 2013, cuando se definía el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

Arribas había sido sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, en un fallo que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal a raíz de que el fiscal General Germán Moldes desistió de sostener la apelación.

Pero la PIA elevó el caso a Casación al validar su papel de procuraduría especial contra funcionarios públicos.

Rodríguez es el fiscal designado por la Procuradora Alejandra Gils Carbó para unificar todas las investigaciones contra funcionarios por el escandalo Odebrecht.

Sin embargo, el 23 de junio pasado, el juez Juan Carlos Gemignani -al que se sumaron sus colegas Angela Ledesma y Eduardo Riggi- afirmó que "el encausado (Arribas) a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública".

Según Casación, "la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos, esto es, en relación a ilícitos cuyo título de imputación justamente es una responsabilidad institucional".

Casación advirtió que "esa condición funcionaria está ausente en la atribución del hecho que se le formula al imputado", por lo que no considera que la PIA tenga legitimación para apelar el sobreseimiento.

Ahora, Rodríguez presentó el recurso de apelación ante la Casación, que deberá decidir si hace lugar al planteo (y eleva el caso a la Corte) o si lo rechaza, con lo cual -de todas maneras- podría presentarse un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la decisión.

En enero, el diario La Nación reveló la existencia de cinco transferencias que se le habían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.Arribas lo negó, aunque después solo reconoció un giro por unos 70 mil dólares por la venta de un bien mueble en Brasil donde vivía.

La causa se abrió por la denuncia de la diputada Elisa Carrió, el fiscal Federico Delgado impulso la investigación pidiendo datos, pero un informe de UIF aseguro confirmó la versión de Arribas y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmo el sobreseimiento.

El fiscal apeló pero su superior German Moldes desistió de la apelación ante la Sala I de la Cámara Federal.

Pero en mayo pasado, por videoconferencia y en otra causa, Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos en el escándalo del Lava Jato que salpica a la constructora brasileña Odebrecht en el pago de coimas en toda la región, aseguró que Arribas recibió 10 trasferencias de dinero que alzaron un monto de 850 mil dólares, y que le sonaba la empresa IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

También dijo que él hizo en total unas 400 mil transacciones con distintas empresas, entre ellas Obedrecht, y que la plata -incluida la que recibió Arribas- era producto de coimas (propinas, dijo).

Cuando le preguntaron sobre el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o su asesor Manuel Vázquez pero no podía confirmarlo ni descartarlo porque no los recordaba.

Inmediatamente, Arribas denunció penalmente a Meirelles por falso testimonio y cohecho, al sostener que existe una "mendacidad con la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil".