La Ciudad tendrá el control completo de la gigantesca caja de los juegos de azar del territorio porteño a partir del 1 de julio próximo. Se trata de una vieja aspiración porteña que por la densidad de los intereses en juego, Aníbal Ibarra primero y Maricio Macri después, postergaron, pese a que está previsto en la Constitución local.

Este martes, Horacio Rodríguez Larreta finalmente le puso fecha al traspaso, durante la presentación del nuevo Centro de Monitoreo y Control del juego, una herramienta clave para recaudar de manera más efectiva. 

Fuentes del gobierno porteño confirmaron a LPO que aspiran a recaudar 1800 millones de pesos del juego con el traspaso, que deberán destinarse a gasto social. Las fuentes confirmaron además que por ahora no modificarán la alícuota de Ingresos Brutos, un temor de la industria. Pero la nueva mirada del PRO sobre el sector es restrictiva.

"La nueva política del Ejecutivo es ni un tragamonedas más. Así fue con la concesión de los bingos que se venció y cerraron", agregaron las fuentes a LPO.

La nueva política del Ejecutivo porteño es ni un tragamonedas más. Así pasó con los bingos, que ni bien venció la concesión no se renovaron, afirmó a LPO una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

"Este es un paso más para lograr la verdadera independencia de la Capital Federal. Ya tuvimos el traspaso de la Policía, el segundo paso es el juego. Además, va a haber una Quiniela de la Ciudad", afirmó por su parte Martín Mura, ministro de Hacienda porteño, en una entrevista radial.

Hasta ahora la Ciudad administraba una tercera parte de lo recaudado por salas de juego y agencias mediante el Instituto del Juego de la Ciudad (IJACBA). El resto se dividía en partes iguales entre Nación y Lotería Nacional. La Legislatura sancionó el 15 de diciembre pasado la creación de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Sociedad del Estado, la agencia que controlará las agencias, los casinos y el Hipódromo de Palermo. Y recibirá un tercio de los ingresos totales para su funcionamiento.

Ahora, los ojos de los inspectores porteños apuntarán a los casinos de Puerto Madero y al Hipódromo de Palermo vinculados al empresario Cristóbal López, además de las casi 1300 agencias de quiniela afincadas en territorio capitalino. "La Ciudad tendrá el control efectivo que nunca tuvo", señaló a LPO Fernando Sánchez, el diputado de la CC que como legislador porteño fue uno de los mayores impulsores del traspaso del juego.

Larreta en el nuevo centro de control online del juego.

GCBA

"No hay más discusiones sobre competencia. El gobierno porteño controla y se acabó", agregó el diputado. "¿Perdedores? Hay grandes ganadores, sobre todo los ciudadanos. Antes no se controlaba nada y ahora se controlará todo", apuntó Sánchez.

El 70 por ciento de la recaudación irá al Instituto de la Vivienda porteño y el 30 por ciento restante se destinará a gastos sociales, de Educación, Salud, desarrollo y hábitat.

Antes de transferir el control de los juegos de azar a la Ciudad, Mauricio Macri modificó mediante el decreto 95/2017 de Lotería Nacional, el dinero que recibe el Estado de parte del concesionario por la explotación de las salas de juego. Sólo por esas salas la Ciudad podría recaudar 1000 millones de pesos.

El 70 por ciento de lo que se recaude por el juego se destinará al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el resto a salud, educación y desarrollo social.

La empresa Casino Buenos Aires, que explota los barcos de Puerto Madero, está compuesta por el grupo español Cirsa, con 50% del capital; Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa), 25%, e Inverclub, otro 25%.

"Nos parece que está bien que se siga controlando lo que ya se controlaba. Hubo un momento de mucha beligerancia y discusión, pero fue el año pasado, cuando se discutía si los casinos y el hipódromo debían pagar ingresos brutos. Después crearon un impuesto nacional", analizaron para LPO fuentes del sector. 

"Cuando alterás el canon de una concesión otorgada siempre corrés riesgos legales. Los abogados del barco estudian los cambios y están evaluando las herramientas que existen para defender la concesión", advirtieron sobre la posibilidad de comenzar con acciones legales.

"Hoy ya no hay discusiones, el gobierno se impuso en lo que planteaba y a los privados no les queda otra cosa que acatar", explicaron. "Se alteró la ecuación económica. Se alteró el canon en los barcos, hubo que empezar a pagar ingresos brutos y un impuesto nacional. El negocio no es el mismo", se quejaron en relación a la merma de ingresos que sufrirán.