Los jefes de los fiscales de Argentina y Brasil acordaron este viernes la creación de un equipo de investigación binacional para avanzar de manera conjunta en causas vinculadas con el pago de coimas de la constructora Odebrecht para beneficiarse con obra pública local.

A través de un documento de 18 artículos, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, establecieron conformar un equipo para avanzar en las causas abiertas en los tribunales argentinos, derivadas del escándalo del "Lava Jato", en el que está implicado el gigante de la construcción brasileño.

El equipo investigará "toda otra cuestión vinculada a la investigación 'operación Lava Jato' de Brasil, que pueda tener repercusión, vinculación o réplica en la República Argentina", se estableció.

En la Argentina se investiga el pago de coimas en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en dos plantas potabilizadoras, y por el "Gasoducto Sur", en los que está implicada Odebrecht, una de las beneficiarias de esas obras.

Gils Carbó viene siendo acusada por el gobierno, incluso por el presidente Mauricio Macri, como responsable de demorar las pesquisas del caso, supuestamente con la intención de proteger a miembros del gobierno anterior. 

Es por eso que el presidente, como explicó LPO, quiere que su procurador del Tesoro administre la información que entregue Odebrecht y para eso impulsa una ley en el Congreso. El Procurador es Bernardo Saravia Frías, un histórico abogado del Grupo Macri, que reemplazó en enero al radical Carlos Balbín.

Hasta ahora las autoridades argentinas no obtuvieron de la empresa ni de los gobiernos de Brasil o de otros países donde la firma cometió este tipo de ilícitos ningún tipo de documentación con información concreta sobre quiénes recibieron sobornos en la Argentina.

La estructura

No trascendieron los nombres de los funcionarios que integrarán el equipo, aunque se desprende que por la parte argentina estaría presente el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien ya había sido designado por la jefa del Ministerio Público Fiscal para canalizar las investigaciones abiertas por el affaire Odebrecht.

Según indicaron fuentes judiciales, cada país designará hasta seis miembros, definiendo entre ellos a un director de equipo para cada parte, quien tendrá como principal tarea coordinar a los demás integrantes.

El ECI -Equipo Conjunto de Investigación- actuará durante un año desde la entrada en vigencia del acuerdo, período que podrá prorrogarse de común acuerdo.

En relación a la recopilación de la información, el acuerdo establece que "los documentos, las informaciones y cualquier otro medio de prueba obtenido en virtud de la actuación del ECI serán intercambiados entre aquellos Fiscales que formen parte del ECI y podrán ser utilizados en las investigaciones, procedimientos y procesos relativos a los ilícitos que motivaron su creación".

Se podrá solicitar además que las diligencias tengan un tratamiento confidencial y que sean realizadas conforme las condiciones y requisitos exigidos por su legislación, "siempre que no colisionen con la legislación del Estado en donde deban realizarse".

En cuanto a las informaciones o elementos de prueba obtenidos antes de la conformación del equipo conjunto, el documento expresa en su artículo 9 que aquellos que se encuentren disponibles "en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y que correspondan a la investigación descrita en el presente Acuerdo, podrán ser compartidos entre las Partes".

Gils Carbó y Janot Monteiro habían firmado el jueves un Memorándum de Cooperación Institucional para los temas judiciales comunes a ambos países en medio del escándalo internacional por las coimas de Odebrecht, y ahora rubricaron este convenio de manera específica.