Los jueces federales le presentarán un paquete de leyes para lanzar un Mani Pulite al estilo brasileño, en donde todo el sistema político quedó en jaque por las causas de corrupción.

La nueva Asociación de Jueces Federales, creada el mes pasado en la Facultad de Derecho, planteó la necesidad de avanzar en las causas donde se investigan casos de corrupción, "identificando cuáles son los obstáculos y proponiendo soluciones concretas".

En el primer comunicado de la flamante Ajufe, un grupo integrado por las cámaras federales de todo el país, tribunales orales y jueces de primera instancia, consideró clave "fortalecer las instituciones para así poder luchar eficazmente contra la corrupción".

"La Asociación representa a jueces de todo el país y hay un consenso en que existe enormes dificultades prácticas que se imponen cotidianamente para llevar a cabo tal importante tarea, que la sociedad reclama", indicó el texto.

Para los magistrados "la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes en el Poder Judicial de la Nación y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción, obstaculizan el logro del objetivo propuesto".

"La Ajufe propone una mayor interacción cotidiana entre los distintos actores institucionales para elaborar una política de estado concreta en enfocada en este tema" y "se propone incentivar las relaciones bilaterales con otros Estados y organismos internacionales y, en ese intercambio, tener en cuenta las experiencias en los países hermanos, como Brasil, España, Chile y México".

El juez federal Sebastián Casanello.

Télam

En una serie de puntos, la asociación propone "modificar los procesos", "fortalecer el área de investigación dotando al poder judicial de una agencia de investigación especial, y una policía judicial, como existen en otros países" y "sancionar legislación en materia de decomiso de bienes obtenidos del delito para utilizarlos con fines públicos".

También plantea la necesidad de "mejorar la ley del arrepentido, con la finalidad de hacerla compatible con la existente en otros países a fin de lograr una auténtica y eficaz cooperación", "reformar el Código Procesal Penal de la Nación, para acelerar los procesos, concentrando la actividad recursiva" y "facultar a los órganos superiores del Poder Judicial a optimizar los recursos de manera tal que los magistrados a cargo de una 'mega causa' puedan ocuparse de ella de manera exclusiva".

"Cubrir en forma inmediata los Juzgados Federales vacantes", "legislar sobre la autonomía presupuestaria y funcional del Poder Judicial de la Nación a fin de darle libertad regulatoria de actuación en casos de gravedad institucional, tal como en México y Brasil" y "suscribir un convenio con la Ajufe Brasil para fomentar el intercambio de experiencias", concluyen la propuesta de Ajufe.

Se indicó que la idea de los jueces que integran este grupo es entregarle la propuesta formal al ministro de Justicia, Germán Garavano.