El Gobierno consiguió un dictamen a la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas, un proyecto presentado en octubre para cumplir con un reclamo de la Ocde y convertido luego en el instrumento elegido por Mauricio Macri para intentar que empresarios de Odebrecht confiesen a quién le pagaron coimas en el país.

Como este miércoles, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, los diputados de Cambiemos volvieron a quedarse sin quórum por la ausencia total del Frente para la Victoria-PJ, pero apelaron a un recurso legal para dictaminar igual.

Se trata del artículo 108 del reglamento, que permite emitir despacho con un tercio de los presentes tras esperar media hora que lleguen los diputados.

Habitualmente no se utiliza, porque se entiende que si no se logra consenso en la comisión tampoco se conseguirá en el recinto, pero en este caso Cambiemos tiene otra prioridad: exponer al kirchnerismo en una sesión y en plena campaña electoral.

El resto de los bloques se cuidó de morder el anzuelo. El massismo volvió a estar presente con Mónica Litza y Juan Brügge (aliado de la democracia Cristiana) y anunciaron que presentarán dictamen de minoría. También lo harán el bloque justicialista y la izquierda.

"Existía un vacío legal para los grandes hechos de corrupción que se cometieron en nuestro país fueron por la falta de esta legislación", planteó Gabriela Burgos, radical y presidenta de Legislación Penal. 

"Hemos mejorado la ley y la vamos a tratar lo antes posible", anticipó el macrista Daniel Lipovetzky, a cargo de Legislación General. O sea, el kirchnerismo no podrá evitar el debate en la campaña.

Como adelantó LPO, la semana pasada los diputados de Cambiemos acordaron con emisarios del Ministerio de Justicia un retoque al proyecto original para permitir que los empresarios de Odebrecht confiesen a quién le pagaron coimas en el país. Macri no quiere que la información la concentre Alejandra Gils Carbó.

Para lograrlo, al dictamen se le agregó una cláusula transitoria al proyecto que permitirá confesar ilícitos a empresas por "una vía administrativa", siempre a cambio una pena menor.

Sólo en esos casos intervendrá la sindicatura general de la nación y la procuración del tesoro, a cargo Bernardo Saravia Frías, amigo personal del presidente. No actuará la Procuración General.