Las comisiones de Legislación penal y Legislación general de Diputados harán un plenario el miércoles para tratar la ley de responsabilidad penal empresaria, que como anticipó LPO incluirá una "vía administrativa" para permitir que los empresarios de Odebrecht confiesen a quién le pagaron coimas en Argentina.

La reunión fue convocada por los presidentes de las comisiones Gabriela Burgos (UCR) y Daniel Lipovetzky (PRO), pero entre los macristas había temor de una rebelión de los radicales, aun molestos por la falta de lugares en las listas.

Según pudo saber LPO, los referentes de la UCR pidieron esperar para estudiar mejor los cambios acordados la semana pasada por un grupo de diputados y funcionarios del Ministerio de Justicia, aun cuando en esa reunión participaron Mario Negri (jefe del interbloque), Burgos y Luis Petri.

Los emisarios de Garavano entendieron que no era conveniente aplicar una ley penal retroactiva para hacer hablar a los empresarios y que si ese era el objetivo bastaba con una vía administrativa.

Para no correr riesgos, el ministro visitará mañana a la noche la reunión de interbloque Cambiemos, para terminar de amansar a los radicales. Los macristas no creen que puedan rebelarse ante Garavano. 

Al Gobierno le interesa que nombren funcionarios kirchneristas entre los sobornados y teme que no sea posible sin esa ley, porque la información de la causa la manejará la procuradora Alejandra Gils Carbó, cercana a Cristina Kirchner.

Los empresarios brasileños, juzgados en el país por el escándalo del Lava Jato, confesaron haber pagado sobornos para conseguir la adjudicación de obra pública e intentaron negociar con el Gobierno una reducción de la pena a cambio de confesar. Pero no encontraron garantías jurídicas y esperan tenerlas con esta ley.

En Cambiemos no habían negociado la ley con el Frente Renovador y una de las estrategias que evalúan es dictaminar con un tercio de los presentes, un recurso posible en el reglamento pero rara vez aplicado.

Por lo general, en los plenarios se entiende que si no hay consenso político tampoco lo habrá en el recinto. Al Gobierno en este caso no le interesa. Se conforma con tener dictamen y presionar a la oposición en una sesión. Con la amenaza de acusarlos en plena campaña de proteger a Julio de Vido.