En el octavo día de paro de los choferes de colectivos y tras la puesta en marcha de un esquema de emergencia para la vuelta parcial del servicio, el peronista Juan Schiaretti y el radical Ramón Mestre se unieron para apurar la declaración del transporte público como servicio esencial en Córdoba, con el que buscan romper la huelga.

El gobernador de Córdoba y el intendente de la capital provincial buscaron dar este lunes una señal de fortaleza política al mostrarse junto a diputados y senadores nacionales y legisladores provinciales de la mayoría de las fuerzas, además de empresarios, dirigentes de universidades y religiosos.

Allí Schiaretti anunció que enviará un proyecto a la Legislatura, donde tiene mayoría, para "regular" el transporte público en caso de huelgas, mientras que Mestre dijo que hará una consulta popular sobre el tema. Además, el jefe del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, anunció que pidió una sesión especial para tratar proyectos que declaren a nivel nacional al transporte público como servicio esencial, lo que obligaría a mantener una prestación mínima en caso de huelga.

El gobernador detalló que el proyecto incluye a todos los servicios públicos. "Significa por ejemplo las guardias mínimas que tiene EPEC (la empresa de energía eléctrica), el cuidado en los hospitales, la administración de Justicia, la distribución del agua potable y el transporte, con instrumentos legales que tengan las instituciones democráticas de la provincia para actuar, porque hoy no hay, salvo un delito flagrante, una penalización por más que el Ministerio de Trabajo de la provincia declare la ilegalidad de un paro", indicó.

En cuanto a la consulta popular impulsada por Mestre, entre otros puntos se le preguntará a los cordobeses si están de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país para que la UTA Córdoba gane más que los choferes de otras provincias. En medio del caos generado por la huelga de ocho días, hacer esa pregunta es casi un formalismo.

Mestre detalló a Télam que la consulta podría realizarse en las próximas elecciones nacionales. "Vamos a aprovechar las elecciones, si es que nos dan los tiempos, las PASO o las generales, para que se expresen los vecinos sobre el transporte como servicio esencial", explicó.

Las dos vertientes de la CGT cordobesa ya anunciaron su rechazo al proyecto. Esta tarde, el grueso de los gremios provinciales marchaban en la capital provincial en apoyo a la UTA.

DyN

Mientras tanto, este lunes el Gobierno cordobés puso en la calle unos 160 colectivos (de un total de 800) con un esquema de emergencia, que incluyo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad con 800 efectivos de la policía provincial y 500 de Gendarmería, muchos de los cuales estuvieron adentro de los micros.

Respaldo de la UTA nacional

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, enfrentado con la seccional cordobesa, salió a cuestionar duramente el paro. "No se puede generar tanto descalabro y dejar a los usuarios sin servicio desde hace ocho días, por una medida inconsulta decidida por delegados inorgánicos", afirmó.

Fernández, de muy buen vínculo con el ministro Guillermo Dietrich, reivindicó su potestad de cerrar la paritaria y acusó a quienes promueven el paro de "incoherentes", de "jugar a la política" y pretender que la UTA "se convierta en un gremio provincial".

Fernández recordó que "la paritaria se cerró en un 21 por ciento de aumento pagadero en tres cuotas: 8 % en abril; 7 % en octubre y 6 % en enero de 2018, más un bono de $ 5.800.- y en caso de subir la inflación, una cláusula gatillo, y esos porcentajes fueron los que obtuvieron la mayoría de los gremios".

Los colectiveros de Córdoba aceptan el 21% pero en un pago, según explicó hoy el delegado Marcelo Marín. "Nosotros al aumento lo aplicamos en el básico de convenio. Y, si lo aplicamos en el básico de convenio, da un 32,5 por ciento", agregó.