El radicalismo en el Senado bonaerense no logró reunir los votos para aprobar la adhesión a la ley de Riesgos de Trabajo. La idea era tratar en la sesión de mañana el proyecto que ya había pasado por Diputados. Sin embargo, la imposibilidad de los negociadores de María Eugenia Vidal de acordar con el peronismo quedó expuesta y desató tensiones en el interior de Cambiemos.

La negociación la llevaron adelante el vicegobernador Daniel Salvador y el jefe de los senadores de Cambiemos, Roberto Costa. Ante la negativa de la bancada peronista, a último momento se barajó la posibilidad de avanzar con un proyecto redactado por Costa y el massista Jorge D'Onofrio que podría ser aprobado por mayoría simple. El problema es que si se aprobaba, el proyecto tenía que volver a Diputados y avanzar allí en una nueva negociación.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Roberto Costa.

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Esta tarde, el oficialismo en Diputados advirtieron esa maniobra y desarticularon la posibilidad de abrir una negociación para aprobar el texto de Costa y D'Onofrio.

Ni Salvador, ni Costa -los negociadores del Ejecutivo en el Senado- lograron convencer a los bloques FpV-PJ, el unibloque PJ Néstor Kirchner y el Bloque Peronista de votar la adhesión.

La semana pasada el bloque del FpV en el Senado bonaerense realizó una jornada junto a más de 200 delegados de distintos gremios bonaerenses para analizar la ley que se pretendía aprobar este jueves y rechazar de plano su sanción.

Tras el encuentro, los participantes emitieron un documento en el que aseguraron que "la Ley nacional 27.348 es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los Derechos Humanos".

Además, planteó la necesidad de "lograr en la provincia una reforma del sistema integral de cobertura de riesgos del trabajo, que proponga una política de salud laboral basada en la prevención, con participación de todos los actores sociales".

El proyecto adhiere a lo aprobado a nivel nacional. Principalmente el "beneficio" que trae la ley de ART es reducir el nivel de litigios de trabajadores hacia empresas y estado.

Desde el bloque de senadores del FpV-PJ señalaron que la aplicación de la ley nacional "significará un retroceso para los derechos laborales, así como un grave perjuicio para el acceso de los trabajadores a la Justicia y una flagrante inconstitucionalidad, advertida reiteradamente por especialistas y representantes sindicales, pero desoída por el oficialismo y sus aliados".